La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Poder Judicial la ampliación por ocho meses del plazo de investigación preparatoria contra Alexis de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia, exasesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, a quienes se acusa de integrar un esquema de recorte ilegal de sueldos en el despacho parlamentario. El caso, calificado como de “investigación compleja”, involucra además presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.
El requerimiento fue presentado el pasado 9 de julio ante el juez Abel Centeno, quien programó una audiencia virtual para el viernes 19 de septiembre a las 3 de la tarde. En esa sesión participarán todas las partes procesales, incluido Edson Flores, actualmente bajo prisión preventiva, quien será trasladado a una sala de audiencias en el penal por disposición del magistrado.
¿De qué se acusa a los exasesores de Agüero?
De acuerdo con la investigación, De la Cruz y Flores habrían sido los recolectores y receptores iniciales del dinero que, presuntamente, se exigía a 12 trabajadores del despacho de María Agüero entre junio de 2022 y mayo de 2023. La Fiscalía sostiene que se trataba de un esquema mediante el cual los asesores exigían un porcentaje de los sueldos de los empleados, dinero que luego habría sido canalizado hacia otros beneficiarios.
El caso se agrava por la situación de Alexis de la Cruz, quien fue detenido en España y se encuentra en proceso de extradición al Perú. Mientras tanto, Flores permanece recluido y con prisión preventiva. Ambos figuran como piezas clave para la Fiscalía en el esclarecimiento del presunto sistema de recaudación ilícita.
¿Qué papel juega la congresista María Agüero?
Aunque el pedido actual de ampliación se centra en los exasesores, la investigación tiene un trasfondo mayor. La Fiscalía de la Nación mantiene un proceso abierto contra la propia María Agüero Gutiérrez, congresista de Perú Libre, bajo la sospecha de haber abusado de su cargo para inducir u obligar a sus trabajadores a entregar sumas de dinero de sus haberes mensuales.
En noviembre de 2024, el Ministerio Público allanó la casa y las oficinas de Agüero como parte de este caso. Los indicios señalan que la legisladora habría tenido conocimiento, e incluso participación, en el esquema, lo que la coloca en la mira por los mismos presuntos delitos: concusión y enriquecimiento ilícito.
¿Qué decidirá el Poder Judicial?
El juez Abel Centeno deberá resolver si la Fiscalía Anticorrupción contará con ocho meses adicionales para seguir indagando. El pedido responde a la necesidad de recabar pruebas documentales, testimoniales y periciales en un proceso que involucra múltiples imputados y conexiones internacionales, dada la extradición en curso de De la Cruz.
La audiencia de este 19 de septiembre es clave para definir el futuro de la investigación, pues de otorgarse la prórroga, la Fiscalía tendría margen para consolidar su tesis de que existió un sistema estructurado de recorte de sueldos en el Congreso. De lo contrario, se vería obligada a cerrar el caso en el plazo vigente, lo que limitaría el alcance de las acusaciones.
¿Qué está en juego en este caso?
El expediente contra los exasesores y la congresista de Perú Libre pone sobre la mesa un debate más amplio: ¿cuán extendida está la práctica del “diezmo” en el Parlamento peruano?. El caso Agüero no sería aislado: en los últimos años, la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra varios legisladores por presuntas exigencias económicas a sus trabajadores, lo que mina la confianza en el Congreso.
Además, el caso refleja el desafío del Ministerio Público en perseguir no solo delitos de corrupción en grandes obras, sino también en espacios institucionales como el Legislativo, donde la presión sobre trabajadores vulnerables puede convertirse en fuente de financiamiento político o personal ilícito.
La decisión que adopte el Poder Judicial este viernes será determinante para el rumbo del proceso. De aprobarse la ampliación, la Fiscalía Anticorrupción contará con ocho meses más para afinar la acusación y, eventualmente, llevar el caso a juicio. De lo contrario, el proceso podría estancarse en un momento crucial.
Lo cierto es que el expediente contra los exasesores de María Agüero pone nuevamente bajo los reflectores la credibilidad del Congreso y el combate a la corrupción en las más altas esferas del poder político.