El 18 de septiembre de 2025, el Poder Judicial ordenó la liberación de Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”, tras vencerse el plazo de prisión preventiva en el denominado caso Migraciones. El juez Walther Huayllani Choquepuma, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, dispuso la inmediata excarcelación.
Sin embargo, la medida tuvo un giro inesperado: pese a la orden, el conductor de televisión no saldrá de prisión. Su defensa confirmó que seguirá detenido porque enfrenta una segunda prisión preventiva, vinculada a otra investigación por presunto tráfico de influencias, lavado de activos y vínculos con empresarios y funcionarios del sistema de justicia.
¿De qué se le acusa en el caso ‘Migraciones’?
El proceso más mediático contra Hurtado se centra en sus supuestas gestiones para favorecer al futbolista Roberto Siucho Neira, quien necesitaba renunciar a la nacionalidad peruana y agilizar trámites en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Según la Fiscalía, el conductor habría contactado a la entonces jefa de la entidad, Roxana del Águila, para lograr un procedimiento exprés, asegurando tener influencia directa.
Este accionar se enmarca en la figura penal de tráfico de influencias, un delito que castiga la utilización de contactos políticos o institucionales para obtener beneficios indebidos. La defensa de Hurtado, encabezada por el abogado Elio Riera, negó la imputación y sostuvo que no existió “tráfico de influencias en cadena”, ya que sus supuestos contactos no tenían facultades para ejecutar el pedido.
¿Por qué no recupera su libertad?
El problema central es que Hurtado enfrenta dos procesos de prisión preventiva en paralelo.
- El primero, dictado en octubre de 2024, está relacionado a una investigación por tráfico de influencias junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, en la que también se incluyen presuntos delitos de lavado de activos. En este caso, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva, que todavía están en curso.
- El segundo, conocido como caso Migraciones, inició el 20 de diciembre de 2024 y acaba de vencer, motivando la reciente orden de excarcelación.
Como explicó su abogado, la orden de libertad emitida por el juez Huayllani solo podía hacerse efectiva “siempre que en su contra no obre otro mandato de prisión preventiva vigente”. Dado que esa condición no se cumple, Hurtado seguirá preso.
La defensa busca revocar la segunda prisión
La estrategia de la defensa apunta ahora a cuestionar el proceso principal que mantiene en prisión a Hurtado. Elio Riera ha insistido en que su patrocinado tiene arraigo familiar y laboral, por lo que no representa riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. En reiteradas ocasiones, ha solicitado que se revoque la prisión preventiva y se reemplace por medidas restrictivas menos severas.
Hasta el momento, los jueces han rechazado esos pedidos. La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que el conductor utilizó su imagen pública y su acceso a personajes influyentes para tejer redes de poder informal que le habrían permitido interceder en trámites administrativos y judiciales.
¿Qué viene ahora en el caso ‘Chibolín’?
La situación legal de Andrés Hurtado continúa marcada por la incertidumbre. Aunque una de sus prisiones preventivas llegó a su fin, todavía deberá enfrentar la investigación más compleja, que lo vincula a una supuesta red de corrupción junto a funcionarios y empresarios.
El desenlace dependerá de las próximas audiencias de control y de la capacidad de la defensa para desvirtuar las acusaciones fiscales. En paralelo, el caso sigue acaparando la atención mediática, tanto por la notoriedad pública del personaje como por la sensibilidad del delito de tráfico de influencias en un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo prioridad.
¿Podrá Andrés Hurtado enfrentar el proceso en libertad o la justicia confirmará que debe permanecer en prisión hasta el juicio?
La respuesta podría definir no solo el futuro judicial del conductor, sino también el impacto mediático de uno de los procesos más comentados en los últimos años.