El Juzgado Mixto de La Oroya autorizó esta semana el desalojo de cinco familias de la antigua ciudad de Morococha, en respuesta a una demanda de la minera Chinalco, luego de declarar infundada la oposición presentada por los afectados. La resolución, que allana el camino para el avance del proyecto minero Toromocho en la región Junín, ha generado alarma entre los pobladores, quienes denuncian condiciones de vulnerabilidad y la falta de cumplimiento de normas y acuerdos estatales sobre el proceso de reasentamiento.
La sentencia ordena el retiro de las familias el viernes 19 de septiembre. En respuesta, los afectados anunciaron que presentarán recursos legales y que escalarán el caso a instancias internacionales. El conflicto territorial y de reasentamiento ya supera una década, y ha estado marcado por denuncias de hostigamiento, precariedad habitacional y disputas sobre la responsabilidad del Estado y la empresa minera.
“El desalojo es una transgresión al derecho al reasentamiento”
El abogado Carlos Castro, representante legal de las familias, calificó la resolución judicial como una transgresión al derecho al reasentamiento y a la separación de poderes en el país.
“El derecho al reasentamiento es humano y está reconocido por ley. La Ley N.º 29869 declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento de personas en zonas de riesgo no mitigable. Lo opuesto es el destierro, el despojo”, afirmó Castro.
El letrado sostuvo que la competencia sobre el reasentamiento recae en el Ejecutivo, particularmente en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y no en el fuero civil. Señaló que el proceso de reasentamiento aún está vigente y bajo supervisión oficial, por lo que el desalojo ordenado por el Poder Judicial resulta “irreversible y fuera de su marco legal”.
Afectados recurren a la justicia para frenar el desalojo
Los pobladores han interpuesto una apelación judicial con el fin de revertir la resolución, argumentando que Morococha continúa catalogada como zona de riesgo no mitigable. Según el artículo 49 de la Ley N.º 30680, el proceso de reasentamiento no ha concluido, lo que evidencia, según Castro, una omisión tanto del Estado como de Chinalco para garantizar la protección y el traslado adecuado de las familias.
Edwin Alejandro, vocero de Red Muqui, denunció que las condiciones de vida en la zona son críticas: sin agua potable, energía eléctrica, ni acceso a educación.
“Más de 5.000 personas ya fueron desplazadas por la expansión del proyecto Toromocho. Sin embargo, la empresa no ha cumplido lo estipulado en el EIA”, detalló.
Entre los incumplimientos figura la instalación de un campamento de trabajadores en la nueva ciudad de Morococha, que debía dinamizar la economía local, así como la priorización del empleo para las familias reasentadas, promesas que —asegura— no se han concretado.
Diálogo estancado y derechos vulnerados
La ampliación del proyecto Toromocho en 2021 incrementó la capacidad de procesamiento de mineral de 117.000 a 170.000 toneladas diarias, intensificando la presión sobre los pobladores no reasentados. Aunque se instauró una mesa de diálogo, el convenio marco aún no se firma y la interlocución entre la empresa y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) continúa estancada.
Elvis Atachahua, dirigente local, denunció que el 31 de julio se notificó un desalojo anticipado y que, el 15 de septiembre, se comunicó la declaración de infundada de su oposición.
“Nos quieren dejar en la calle. Nadie nos informa oficialmente sobre nuestro futuro. Hay menores, ancianos… y seguimos en incertidumbre”, lamentó.
A su testimonio se sumó Marisol Caro, vecina de Morococha, quien denunció la precariedad en la que sobreviven.
“La empresa nos ha cortado el agua y la luz. Mi hijo tiene plomo en la sangre y, aun así, Chinalco no quiere dialogar. Nos ignoran”, reclamó.
Llamado de la Iglesia a preservar la dignidad humana
La situación también ha despertado preocupación en sectores eclesiásticos. Widmar Ávila Córdova, responsable de la Comisión de Ecología del Arzobispado de Huancayo, instó a priorizar la vida y los derechos humanos.
“La dignidad de las familias debe estar por encima de cualquier interés económico. Exigimos un diálogo real y transparente”, sostuvo.
Reasentamiento pendiente y denuncias por hostigamiento
Los reclamos también apuntan a las deficiencias en la nueva ciudad de Carhuacoto, donde persisten riesgos para la seguridad e integridad de los habitantes. Yolit Alejo, portavoz vecinal, explicó:
“No nos hemos negado al diálogo. Solo pedimos un reasentamiento digno y seguro. Las detonaciones cerca de nuestras casas no cesan”.
Sonia Calzada, otra residente, subrayó que no se oponen al proyecto en sí, pero sí a los abusos.
“Nos están atropellando. Vivimos en condiciones indignas. Solo pedimos que el Estado nos escuche”, afirmó.
Un caso emblemático de desplazamiento forzado en Perú
La controversia en Morococha refleja un patrón recurrente en conflictos mineros en el Perú, donde la ejecución de megaproyectos genera tensiones sociales, legales y humanitarias. La situación actual enfrenta una orden judicial favorable a la minera, con reclamos abiertos por derechos vulnerados, falta de ejecución de leyes y acuerdos incumplidos por parte del Estado y la empresa Chinalco, en el marco del proyecto Toromocho.