El Poder Judicial dio un giro en el proceso contra el expresidente Pedro Castillo, al ordenar que la Fiscalía de la Nación cierre de inmediato la investigación preliminar que mantiene abierta desde mayo de 2024. La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido de control de plazo presentado por la defensa del exmandatario.
El magistrado señaló que el plazo de 60 días venció el 20 de julio de 2024, sin posibilidad de prórroga ni ampliación. En consecuencia, el Ministerio Público deberá definir si procede con una denuncia constitucional ante el Congreso o si decide archivar la causa.
La imputación contra Castillo
La investigación se centra en la designación de Omar Chambergo Rodríguez como presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, pese a que su perfil profesional no cumplía con los requisitos legales. Según la Ley N.° 27322, el cargo está vedado a quienes hayan ejercido funciones de asesor ministerial, equiparables a las de un director general.
La resolución que oficializó el nombramiento, la N.°121-2022-PCM, fue firmada por Pedro Castillo y refrendada por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Para la Fiscalía, este acto configuraría un presunto caso de designación ilegal de funcionario público, lo que arrastró al expresidente a una nueva carpeta fiscal.
Argumentos de la defensa
La defensa de Castillo reclamó que el Ministerio Público había excedido el plazo legal para las diligencias preliminares, vulnerando el principio de debido proceso. Además, recordó que el control de plazos es una garantía procesal indispensable para cualquier investigado.
El juez Checkley coincidió con este argumento y recalcó que extender las investigaciones más allá de lo previsto “desnaturalizaría su finalidad”. De este modo, dio por cerrado el plazo y obligó a la Fiscalía a tomar una decisión definitiva.
Castillo en prisión preventiva
Desde el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, tras su intento de disolver el Congreso y declarar un gobierno de excepción. Inicialmente, la medida fue dictada por 18 meses, pero en junio de 2024 se amplió por 14 meses adicionales, hasta agosto de 2025.
El exmandatario enfrenta un proceso por rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, delitos por los que la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años y 6 meses.
En paralelo, Castillo también es investigado en procesos separados por liderazgo de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, vinculados a presuntas irregularidades durante su gestión.
Otros episodios recientes
En marzo de 2025, Pedro Castillo sufrió una descompensación atribuida a una huelga de hambre, lo que motivó su traslado temporal a un hospital. Tras recibir atención médica, regresó a Barbadillo en condición estable.
Pese a los procesos judiciales en su contra, el exmandatario mantiene un discurso de victimización política y acusa a sus opositores de haber ejecutado un “golpe parlamentario” en su contra en diciembre de 2022.