Tregua temporal en Machu Picchu: comuneros suspenden protestas por 72 horas y piden diálogo sobre ruta Hiram Bingham

Tras una reunión con la Cámara de Comercio, el Comité de Lucha del distrito de Machupicchu decidió suspender temporalmente las protestas para permitir la reanudación del servicio ferroviario y evitar mayores afectaciones al turismo y la economía local.

por Edgar Mandujano

Las comunidades del distrito de Machupicchu han decidido suspender por 72 horas su medida de protesta que mantenía paralizados los servicios de transporte en la zona. Esta tregua comenzó a regir desde las 11:00 a.m. del miércoles 17 de septiembre, luego de una reunión entre representantes de las comunidades y la Cámara de Comercio local.

El llamado Comité de Lucha de las Comunidades del Distrito de Machupicchu emitió un comunicado oficial en el que confirma esta suspensión temporal de la protesta con la finalidad de abrir un proceso de diálogo “en el marco del respeto y la paz social”, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo.


Reactivación del servicio ferroviario y transporte terrestre

El acuerdo contempla el reinicio inmediato de las operaciones de las empresas Inca Rail y Perú Rail, principales operadoras del tren que conecta Machupicchu con Ollantaytambo. Asimismo, se solicitó la reprogramación del traslado progresivo de los buses hacia Machupicchu para garantizar el flujo de turistas y pobladores.

Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio de Machu Picchu, destacó que esta tregua es vital para que la actividad turística, motor económico fundamental de la región, no se vea más perjudicada por las interrupciones. Además, permitirá que la población local pueda acceder nuevamente a alimentos y otros productos esenciales.


Continuidad del diálogo y mediación

El Comité de Lucha pidió a la Defensoría del Pueblo mantener su rol de mediadora en el conflicto que gira en torno a la concesión de la ruta Hiram Bingham, la vía que conecta Machupicchu con la llaqta inca.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades locales y al Gobierno para que atiendan sus demandas, especialmente en lo referente a la habilitación de la empresa San Antonio de Torontoy para operar en la ruta indicada, conforme a lo dispuesto por la Municipalidad Provincial de Urubamba.


Impacto en el turismo y la economía local

El paro y bloqueo de vías realizados por las comunidades generaron un impacto negativo en la llegada de turistas a Machupicchu, afectando tanto a la economía regional como a la nacional. Este conflicto evidenció la importancia de mantener canales de diálogo abiertos para evitar mayores perjuicios.

Michael Ugarte manifestó su satisfacción por la tregua, afirmando que con la reanudación de servicios se garantiza el acceso a la llaqta inca y la movilidad regular de visitantes hacia sus destinos.

“Esperamos que esta pausa en la protesta contribuya a un diálogo constructivo con Perú Rail y permita superar esta etapa conflictiva, que solo ha causado inconvenientes”, señaló.


Contexto del conflicto

El desacuerdo principal gira en torno a la concesión de la ruta Hiram Bingham y la habilitación de la empresa San Antonio de Torontoy para operar en esta vía, lo que ha generado tensiones entre las comunidades, las autoridades y las empresas involucradas.

Las comunidades buscan el respeto a acuerdos previos y la defensa de sus derechos frente a la administración y operación del transporte turístico, que es vital para la región.


El rol de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha tenido un papel clave como mediadora en este conflicto, buscando facilitar el diálogo entre las partes involucradas y promover soluciones pacíficas que permitan la reactivación del turismo y la normalización de los servicios.

Su intervención ha sido fundamental para que las partes acuerden esta tregua temporal y continúen negociando con un marco de respeto y legalidad.


Perspectivas a futuro

Si bien la tregua es un avance positivo, la resolución definitiva del conflicto dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en los próximos días. Las comunidades han dejado claro que estarán vigilantes para que se respeten sus demandas.

Por su parte, las autoridades y empresas deben trabajar en propuestas que integren las necesidades de los pobladores y el desarrollo sostenible del turismo, asegurando la preservación del patrimonio y la estabilidad social.

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