En una sesión conjunta de las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, junto con la de Energía y Minas, el Congreso debatió la situación crítica que enfrentan los pueblos indígenas en Amazonas y Loreto. Las comunidades Wampis y Awajún advirtieron que la minería ilegal de oro, la tala indiscriminada y el crimen organizado amenazan no solo sus territorios, sino también su supervivencia.
La congresista Silvana Robles Araujo (BS) alertó que las actividades extractivas ilegales generan contaminación y destruyen los bosques. A su vez, Elizabeth Medina Hermosilla (SP) cuestionó al Estado por darle la espalda a las comunidades nativas que reclaman presencia estatal frente al avance del extractivismo ilegal.
Denuncias de las comunidades Wampis y Awajún
Durante la sesión, los líderes Rojas Wachapa Impi (Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis) y Teófilo Kukush Pati (Gobierno Territorial Autónomo Awajún) denunciaron que los mineros ilegales llegan a usar a niños de entre 5 y 10 años como escudos humanos durante las interdicciones. También señalaron la contaminación de los ríos y la falta de agua potable, problemas que agravan los conflictos sociales en sus territorios.
El rol del Estado frente a la minería ilegal
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, aclaró que los mineros ilegales no son administrados ni regulados por su sector, pues esta actividad está tipificada como delito en el Código Penal. Sin embargo, reconoció que la minería ilegal representa un problema social “más peligroso que el narcotráfico”.
Respecto a la situación en la Cordillera del Cóndor, afirmó que solo existen 15 registros Reinfo en dos concesiones mineras, tras un proceso de depuración. Señaló además que el gobierno busca formalizar a quienes muestren voluntad de pasar a la legalidad, diferenciando a los mineros artesanales de las mafias ilegales que operan con dragas.
Operativos con limitaciones
Por su parte, el viceministro de Defensa, César Torres Vega, y el viceministro del Interior, Maxfredid Pérez Rodríguez, informaron sobre operativos recientes en el río Santiago, donde se halló gran cantidad de dragas. Indicaron que la última gran intervención, realizada en enero de 2025, solo logró destruir una draga debido a que pobladores se movilizaron para impedir la acción policial.
Ambas autoridades subrayaron la necesidad de contar con operativos permanentes y mayor presencia del Estado en las zonas afectadas. Asimismo, representantes del Gobierno Regional de Amazonas insistieron en que el avance de la minería ilegal está rebasando las capacidades locales de control.