Betssy Betzabet Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros, ratificó su decisión de participar en las Elecciones Generales 2026, a pesar de los obstáculos legales que enfrenta. Advirtió que las maniobras para inhabilitarla no frenarán su proyecto político y anunció que presentará una acción de amparo para defender su derecho a postular, mientras afronta un proceso judicial por el delito de rebelión.
¿Qué medidas la afectan?
Se le ha impuesto un impedimento de salida del país por un plazo de diez meses, que se extiende desde mediados de septiembre de 2025 hasta julio de 2026. Esta medida tiene como objetivo asegurar su presencia durante el juicio oral que enfrenta, dado que se le acusa de participar en los hechos del 7 de diciembre de 2022 que conllevaron un intento de disolver el Congreso. Además, se le han aplicado medidas de comparecencia con restricciones para supervisar sus movimientos y garantizar que cumpla con las obligaciones procesales.
¿Por qué Chávez insiste en postular?
Chávez señala que la inhabilitación política promovida por el Parlamento no baraja su participación electoral, ya que, según su interpretación, dicha sanción solo limita el ejercicio efectivo del cargo público, no el derecho de postular. Asegura que esta distinción legal le permite mantener intactas sus aspiraciones políticas, siempre que el mecanismo jurídico del amparo le reconozca esa protección constitucional.
Acción de amparo: su estrategia legal
Para proteger sus derechos políticos y garantizar su participación en los próximos comicios, Chávez adelantó que presentará una acción de amparo. Con esta acción buscará que un tribunal reconozca que una inhabilitación no debe impedir la postulación electoral, estableciendo un precedente judicial respecto del respeto al derecho de competir en elecciones aun cuando existan sanciones institucionales o acusaciones pendientes.
Contexto político: inhabilitación y repercusiones
En el Congreso se debate una eventual inhabilitación por diez años, como consecuencia de las acusaciones de rebelión. Esta sanción, impulsada por algunos sectores parlamentarios, pretende evitar que Chávez vuelva a ocupar cargos públicos si se comprueba responsabilidad en los hechos del intento de golpe. Sin embargo, la ex premier considera que esas acciones forman parte de una estrategia política para restringir su participación democrática.
Implicancias políticas y sociales
El anuncio de Chávez tiene múltiples efectos:
- Pone en cuestión los límites entre sanción política y derechos fundamentales en el marco de la participación electoral.
- Obliga a los poderes judiciales y parlamentarios a definir claramente qué implica una inhabilitación política y qué efectos debe tener sobre la postulación.
- Crea expectativas sobre qué partido político respaldará finalmente su candidatura.
- Alienta un debate público sobre la justicia, la imparcialidad y la transparencia en procesos de acusaciones y sanciones.
Betssy Chávez avanza con firmeza en su intención de competir en el 2026, convencida de que las sanciones legales como el impedimento de salida del país o la inhabilitación no la detendrán. La acción de amparo se perfila como su principal herramienta legal, mientras espera que los tribunales interpreten sus derechos constitucionales. Este caso se perfila como un punto clave en el cruce entre política, justicia y derecho electoral en el país.