Con la reciente firma de la autógrafa de ley por parte del presidente del Congreso, José Jerí, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la entrada en vigencia de una reforma clave: la nueva ley de Asociaciones Público–Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA). Esta medida representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema de promoción de inversión privada, y busca destrabar más de US$ 30 000 millones en proyectos de infraestructura actualmente pendientes.
El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, explicó que este nuevo marco legal no solo busca atraer mayor inversión, sino también garantizar una ejecución más eficiente, predecible y orientada a resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.
Agilizar procesos sin perder transparencia: el eje de la reforma
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es reducir la burocracia y los plazos excesivos que han ralentizado históricamente el desarrollo de proyectos APP en el país. Por ello, se han establecido mecanismos de simplificación administrativa y ajustes normativos que permitirán acelerar desde la elaboración de estudios hasta la ejecución final.
Entre los cambios más importantes destacan:
- Reducción de tiempos para estudios técnicos y fases de aprobación.
- Priorización de proyectos de impacto nacional, con criterios sociales y económicos.
- Flexibilidad en la modificación de contratos, manteniendo la transparencia.
- Fortalecimiento del rol de Proinversión, que podrá actuar también como entidad concedente.
Estas mejoras permitirán que los proyectos de inversión en infraestructura sean más rápidos de implementar, sin comprometer la supervisión ni la eficiencia.
Proinversión tendrá un papel más activo en los proyectos
Con esta ley, la agencia estatal Proinversión no solo promoverá las APP, sino que también podrá liderar directamente la ejecución de los proyectos como concedente, algo que representa un cambio institucional profundo.
Este nuevo rol le permitirá gestionar de manera más directa los procesos y garantizar una mejor coordinación interinstitucional, especialmente en proyectos complejos o de gran envergadura. El fortalecimiento de Proinversión es una señal clara del compromiso del Estado en impulsar obras de infraestructura de alto impacto, con participación privada bajo esquemas eficientes.
Beneficios para sectores clave: transporte, salud, educación y más
La aprobación de este nuevo marco legal permitirá acelerar proyectos estratégicos en múltiples sectores. Según el MEF, las inversiones potenciales por más de US$ 30 000 millones se destinarán principalmente a:
- Transporte: carreteras, trenes y puertos que mejoren la conectividad.
- Saneamiento: obras para garantizar el acceso a agua potable y servicios básicos.
- Salud y educación: hospitales y escuelas modernas para mejorar la calidad de vida.
- Energía: proyectos sostenibles que garanticen acceso y eficiencia energética.
La ejecución de estas obras generará empleo directo e indirecto, dinamizará la economía local y reducirá brechas sociales, especialmente en regiones fuera de Lima.
Un enfoque territorial y multisectorial para cerrar brechas
El nuevo marco normativo promueve una visión de desarrollo descentralizada y territorialmente equilibrada. Es decir, los proyectos APP no solo se concentrarán en grandes urbes, sino que buscarán generar impacto en zonas con alto déficit de infraestructura.
“Estamos diseñando un modelo que responda a las necesidades reales de la población y que tenga un enfoque multisectorial”, señaló el ministro Pérez Reyes. Esto implica que los proyectos se priorizarán no solo por su rentabilidad económica, sino también por su valor social y su impacto en la calidad de vida de las personas.
Una señal positiva para inversionistas nacionales e internacionales
Para los actores del sector privado, la aprobación de esta ley representa una señal clara de confianza y estabilidad. El marco legal actualizado brinda mayor predictibilidad, reglas claras y procesos más ágiles, lo que favorece la toma de decisiones de inversión en el mediano y largo plazo.
Con la creación de un entorno normativo más competitivo, el Perú busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión en infraestructura, especialmente en un contexto regional donde muchos países también están apostando por modelos de colaboración público-privada.
Una economía más fuerte gracias a la infraestructura
Desde la perspectiva macroeconómica, los proyectos APP y PA son vistos como una herramienta clave para dinamizar el Producto Bruto Interno (PBI). Además del impacto directo en el crecimiento económico, estos proyectos tienen efectos multiplicadores: aumentan la productividad, reducen costos logísticos y mejoran el acceso a servicios.
El MEF ya está trabajando en la elaboración del reglamento de la ley, lo que permitirá que los beneficios de esta reforma se materialicen rápidamente. Se espera que varios proyectos actualmente estancados puedan ser retomados o acelerados bajo esta nueva normativa.
Un paso firme hacia el desarrollo sostenible
La nueva ley de APP en Perú marca un punto de inflexión en la política de inversión pública-privada. Con una cartera proyectada de más de US$ 30 000 millones, el país tiene la oportunidad de transformar su infraestructura, mejorar la calidad de vida de millones de peruanos y construir una economía más fuerte y resiliente.
Este nuevo marco legal no solo representa una modernización técnica, sino también un compromiso político y social por parte del Estado para promover el desarrollo con equidad, eficiencia y transparencia.