La polémica en torno al caso Repsol vuelve a encender las alertas en el país. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) denunció que la autorización para el zarpe del buque Mare Doricum constituye un grave retroceso en la investigación por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, considerado la mayor catástrofe ecológica registrada en las costas del Perú.
Según la Coordinación Nacional de las Fiscalías Ambientales, el Poder Judicial levantó de manera irregular la medida de incautación que pesaba sobre la nave, pese a que todavía existía un recurso de nulidad pendiente. Esta decisión permitió que el navío, clave en el proceso penal contra Repsol y sus representantes, partiera hacia la República Popular China el 4 de septiembre de 2025.
Autorización judicial en entredicho
El primer cuestionamiento de la Fiscalía recae en la autorización judicial emitida el 3 de septiembre. Para el Ministerio Público, dicha medida vulnera el proceso porque ignoró la existencia de un recurso de nulidad que buscaba mantener el buque como medio de prueba e instrumento de investigación.
De acuerdo con la FEMA, esta decisión judicial no solo afecta la causa principal por contaminación ambiental dolosa, sino que también envía un preocupante mensaje sobre la debilidad del sistema de justicia frente a casos de gran impacto ambiental.
El buque partió pese a advertencias
Un día después de la autorización, el 4 de septiembre, la nave zarpó rumbo a China. Ello ocurrió a pesar de que la Fiscalía había notificado a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) sobre la vigencia del recurso de nulidad. Para los fiscales ambientales, esta salida representa un claro desacato y genera un vacío que complica la recopilación de pruebas.
El buque Mare Doricum no es una embarcación cualquiera: se trata del escenario donde se originó el derrame que afectó más de 11 mil hectáreas de mar y tierra, impactando a pescadores artesanales, comunidades costeras y reservas naturales protegidas. Su partida sin que el proceso esté concluido supone, según especialistas, la pérdida de un elemento central para la investigación judicial.
Una decisión que genera controversia
La Fiscalía también advirtió que la liberación de la nave se sustentó en un principio de oportunidad celebrado por el exfiscal Ariel Tapia Gómez, cuya resolución aún no tiene carácter definitivo ni ejecutoriado. Por ello, consideran que se vulneraron los procedimientos legales básicos que deberían garantizar la transparencia de la investigación.
Este hecho revive las críticas sobre la manera en que se ha manejado el caso Repsol desde 2022. Diversas organizaciones ambientales y sociales han señalado en reiteradas ocasiones que el proceso presenta dilaciones, recursos legales y decisiones cuestionables que favorecen a la empresa española en detrimento del derecho a la justicia ambiental.
¿Qué consecuencias tiene este zarpe?
La pregunta que surge ahora es clara: ¿qué impacto tendrá la salida del buque en las investigaciones contra Repsol y sus responsables? La ausencia de la nave podría limitar las posibilidades de realizar peritajes adicionales y obstaculizar la búsqueda de responsabilidades sobre la magnitud real del derrame y los mecanismos de respuesta de la compañía.
Además, este precedente podría ser usado en el futuro por otras empresas involucradas en casos de contaminación para cuestionar o debilitar medidas preventivas dictadas por la justicia.
Acciones de control
Frente a la situación, la Fiscalía Ambiental ha remitido copias certificadas del caso a los órganos de control del Poder Judicial, a la DICAPI y a la Autoridad Portuaria Nacional, con el objetivo de que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas, funcionales y jurisdiccionales.
Asimismo, ha exhortado a que se convoque de manera urgente a una audiencia judicial que permita resolver el recurso de nulidad y garantizar la continuidad de las investigaciones.
El caso Repsol en perspectiva
El derrame de petróleo de enero de 2022, originado en las instalaciones de la Refinería La Pampilla S.A.A., es considerado uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente del Perú. Más de 10 mil familias resultaron afectadas, especialmente pescadores artesanales de las zonas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay.
A tres años y medio del hecho, el proceso penal continúa bajo cuestionamientos. Para las organizaciones ambientales, la liberación del Mare Doricum es un recordatorio de las dificultades que enfrenta el Perú para sancionar delitos ambientales de gran escala, donde confluyen intereses económicos, vacíos legales y presiones políticas.
Un llamado a la justicia ambiental
El pronunciamiento de la Fiscalía Ambiental busca mantener la atención pública sobre un caso emblemático que pone a prueba la solidez institucional del país. La defensa del medio ambiente y de las comunidades afectadas depende de que el sistema judicial logre sostener una investigación rigurosa, libre de interferencias externas.
El futuro de este proceso ahora está en manos del Tribunal Constitucional y de las instancias de control que deberán decidir si las irregularidades denunciadas ameritan sanciones y correcciones. Para muchos, se trata de un punto de quiebre en la lucha contra la impunidad ambiental en el Perú.