La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados por violaciones a los derechos humanos. La acción, interpuesta por el defensor Josué Gutiérrez, coloca en manos del Tribunal Constitucional (TC) una decisión clave para el sistema judicial y la política nacional.
El giro resulta polémico: en abril de este mismo año, la institución había expresado su respaldo a la norma durante el debate parlamentario. Ahora, sin embargo, sostiene que su aplicación contradice la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales firmados por el Perú.
¿Por qué se cuestiona la ley de amnistía?
El documento presentado por la Defensoría del Pueblo señala que la Ley N.° 32419 vulnera los derechos a la igualdad, la verdad, justicia y reparación de las víctimas, además de afectar la tutela jurisdiccional efectiva. También enfatiza que el Perú está obligado a cumplir con compromisos internacionales que prohíben otorgar amnistías a responsables de graves violaciones de derechos humanos.
La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo con el argumento de que busca poner fin a procesos judiciales prolongados contra policías y militares que actuaron en el marco del conflicto interno entre 1980 y 2000. Sin embargo, para los críticos, representa un mecanismo de impunidad frente a crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
El giro de la Defensoría del Pueblo
La posición de la Defensoría genera controversia porque meses antes había apoyado la ley. En abril, un delegado de la institución afirmó en la Comisión de Constitución del Congreso que se “saludaba la iniciativa” y pidió resolver con rapidez los casos de policías y militares procesados.
“¿Por qué tanto ha demorado la administración de justicia perjudicando a las personas procesadas? (…) Desde la Defensoría del Pueblo estamos convencidos de que resulta necesario adoptar acciones como esta iniciativa presentada por el congresista Montoya”, se señaló en aquella sesión.
Hoy, en contraste, la misma institución demanda su anulación. Para analistas políticos, este cambio de postura afecta la credibilidad de la Defensoría, cuyo mandato constitucional es defender los derechos fundamentales sin actuar bajo intereses políticos o coyunturales.
¿Qué decidirá el Tribunal Constitucional?
La controversia coloca al Tribunal Constitucional en el centro de la escena. Si el TC declara la norma inconstitucional, los procesos judiciales en curso contra militares y policías continuarán y los jueces que aplicaron control difuso quedarán respaldados. Pero si el fallo valida la norma, la amnistía entrará en plena vigencia y los jueces ya no podrán inaplicarla.
El impacto va más allá del Perú. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían pronunciarse si el Estado peruano incumple con los compromisos asumidos en materia de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno.
¿Qué opinan los jueces y organismos de derechos humanos?
Hasta la fecha, tres jueces han inaplicado la ley de amnistía en procesos a su cargo, apelando al principio de control difuso y considerando que contraviene la Constitución. Este escenario refuerza la necesidad de que el TC emita un fallo definitivo que unifique criterios y brinde seguridad jurídica.
Por su parte, diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que la norma busca garantizar impunidad para crímenes de lesa humanidad, lo que podría colocar al Perú en una situación de incumplimiento frente al sistema interamericano.
¿Qué viene ahora en el proceso?
La demanda de inconstitucionalidad abre un procedimiento que puede extenderse por varios meses. El Tribunal Constitucional deberá recibir los argumentos de la Defensoría, el Congreso y el Ejecutivo, además de considerar opiniones técnicas y jurídicas de expertos.
En paralelo, la controversia seguirá alimentando el debate político. Para algunos sectores, la ley es una deuda pendiente con los efectivos que enfrentaron el terrorismo. Para otros, representa una herida abierta para las víctimas y un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia.
Pregunta clave: ¿se trata de justicia o de impunidad?
La discusión central gira en torno a esta pregunta: ¿la ley de amnistía es un acto de justicia hacia militares y policías que actuaron en un contexto de violencia, o un intento de impunidad que niega derechos a las víctimas?
La respuesta que dé el Tribunal Constitucional marcará un precedente histórico y definirá el rumbo de la justicia transicional en el Perú.
El futuro de la ley de amnistía está ahora en manos del Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo, que en abril apoyó la norma, cambió de posición y presentó una demanda de inconstitucionalidad. En juego están no solo los procesos contra policías y militares, sino también la credibilidad institucional del Estado, la confianza en el sistema de justicia y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La sentencia que emita el TC será determinante: definirá si el Perú mantiene su compromiso con la justicia y la reparación, o si abre la puerta a un escenario de impunidad que podría tener repercusiones políticas e internacionales de gran magnitud.