El Gobierno de Dina Boluarte confirmó su respaldo al octavo retiro de las AFP, una medida que beneficiaría a millones de peruanos. Durante la celebración del Día de la Familia en San Luis, la mandataria aseguró que la decisión fue tomada tras coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Boluarte destacó que los aportes previsionales pertenecen a los trabajadores, y que cada familia tiene derecho a decidir en qué momento utilizar esos recursos. “La familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza”, subrayó. Con estas palabras, la presidenta buscó acercarse al sentir popular, en un contexto donde la presión social sobre los fondos de pensiones sigue marcando la agenda.
Un alivio en medio de la crisis
El respaldo al retiro ocurre en un escenario económico complejo. La inflación, la falta de empleo formal y la desaceleración del consumo han incrementado la demanda de liquidez en los hogares. Para muchos trabajadores, los aportes acumulados en las AFP representan un salvavidas frente a deudas, gastos médicos o necesidades básicas.
Según estimaciones, un nuevo retiro podría movilizar miles de millones de soles, inyectando recursos al mercado interno. No obstante, también existe preocupación sobre el impacto que tendría en el sistema previsional, ya golpeado por retiros anteriores.
Coordinación con el MEF y mensaje político
Boluarte explicó que su decisión no fue improvisada, sino resultado de reuniones con el titular del MEF, en las que se analizó el balance entre las urgencias sociales y las consecuencias económicas. Pese a los riesgos, el Ejecutivo optó por priorizar la situación de las familias.
El anuncio, realizado en presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y varios ministros, también tuvo una lectura política. Con este gesto, el Gobierno se asegura un mayor respaldo en el Congreso, donde la medida ya se debate en diferentes comisiones. El apoyo presidencial puede allanar el camino para su aprobación definitiva.
¿Cómo reaccionará el Congreso?
El Parlamento tiene la última palabra respecto a la aprobación del octavo retiro de AFP. Si bien existe una mayoría favorable, algunos sectores insisten en advertir los riesgos que esta medida podría acarrear a futuro, especialmente en términos de pensiones bajas o insuficientes para la vejez.
El respaldo del Ejecutivo aumenta la presión sobre los legisladores para acelerar el debate y dar una respuesta rápida a la ciudadanía. En anteriores ocasiones, los retiros fueron aprobados con amplio margen, lo que hace prever un desenlace similar en esta nueva propuesta.
Impacto en los afiliados: entre el presente y el futuro
Para los afiliados, la posibilidad de disponer de sus fondos significa un respiro inmediato. Sin embargo, también implica reducir sus ahorros para la jubilación, lo que puede afectar su estabilidad en la tercera edad.
En este punto, surge una pregunta clave: ¿vale la pena priorizar el alivio económico inmediato a costa de comprometer las pensiones futuras? La respuesta divide a expertos, políticos y ciudadanos. Mientras algunos defienden el derecho a usar el dinero propio, otros alertan que el sistema previsional podría quedar debilitado al extremo.
Llamado a la responsabilidad
Durante su discurso, la presidenta Boluarte no dejó de insistir en la necesidad de actuar con responsabilidad. Si bien reconoció que los fondos son de los trabajadores, recordó que su uso debe ser planificado con visión de largo plazo.
“El Estado debe garantizar la estabilidad económica, pero también responder a las urgencias reales de las familias”, afirmó. Con esta declaración, buscó equilibrar las expectativas ciudadanas con la obligación del Gobierno de velar por un sistema sostenible.
Reforma previsional pendiente
El debate sobre el retiro de fondos vuelve a poner sobre la mesa un tema postergado: la reforma integral del sistema de pensiones. Desde hace años, especialistas y organismos internacionales advierten que las AFP necesitan ajustes profundos para garantizar pensiones justas y sostenibles.
Sin embargo, el Congreso y los sucesivos gobiernos no han logrado consensuar un modelo alternativo. Mientras tanto, los retiros parciales se han convertido en una salida coyuntural que, aunque popular, no resuelve el problema de fondo.
Conclusión: una medida con doble filo
El respaldo del Ejecutivo al octavo retiro de AFP representa un triunfo político para Dina Boluarte y un alivio para millones de afiliados. Sin embargo, también reaviva las dudas sobre el futuro del sistema previsional peruano y la capacidad del país para garantizar pensiones dignas.
Lo que está claro es que el tema seguirá generando debate en los próximos meses, mientras la ciudadanía espera una solución estructural que combine urgencia económica con sostenibilidad a largo plazo.
