El Poder Judicial ordenó la suspensión preventiva de Víctor Zanabria Ángulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de la investigación por presuntos delitos de peculado y colusión. La medida cautelar, que tendrá una duración de 18 meses, busca evitar que desde su posición como máxima autoridad policial pueda influir en testigos o manipular información clave.
El caso ha generado gran repercusión en el país, debido a la importancia de la figura de Zanabria en la institución y el impacto que esta decisión tiene en la organización y liderazgo de la PNP.
Suspensión preventiva y fundamentos legales
El juzgado competente declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía para suspender temporalmente a Zanabria, precisando que el oficial no podrá ejercer funciones de comandante general ni cargos de jefatura dentro de la Policía durante el tiempo establecido.
La resolución judicial también instruye a las entidades correspondientes a cumplir de manera inmediata la suspensión preventiva, de acuerdo con el Código Procesal Penal, que permite aplicar medidas cautelares cuando existen elementos de convicción graves y fundados que vinculan al investigado con presuntos delitos de corrupción.
La decisión refleja la seriedad con la que el Ministerio Público busca garantizar que la investigación avance sin interferencias, y asegura que los procedimientos de la justicia se cumplan sin que la autoridad policial pueda afectar la transparencia del proceso.
Caso “policías albañiles”: presunto peculado y colusión
La investigación que motivó la suspensión de Zanabria es conocida como el caso “policías albañiles”, y sostiene que el comandante general habría ordenado a efectivos policiales realizar labores de construcción y remodelación, en lugar de dedicarse a tareas de seguridad ciudadana.
Testigos y exoficiales revelaron que estas órdenes fueron directas y que las labores de albañilería se ocultaron bajo la apariencia de patrullajes regulares. Según el Ministerio Público, los trabajos se realizaron en propiedades privadas, lo que configuraría no solo peculado, sino también colusión con terceros para obtener beneficios indebidos.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la ética y transparencia dentro de la PNP, y pone en debate la supervisión que debe existir sobre el uso de recursos humanos y materiales de la institución.
Repercusiones en la cúpula policial
La suspensión de Víctor Zanabria se produce a pocos meses de su retiro programado, previsto para enero. Si bien la medida no constituye una destitución definitiva, implica un relevo forzado en la jefatura de la Policía Nacional, generando un nuevo escenario de reorganización dentro de la institución.
La salida temporal del comandante general puede afectar la operatividad de la PNP, sobre todo en áreas de coordinación y planificación estratégica. Mientras tanto, se espera que se nombre un encargado interino que garantice la continuidad de las funciones esenciales de la Policía.
¿Qué significa esta suspensión para la Policía Nacional?
La gran pregunta que surge es: ¿cómo afectará la suspensión de Zanabria a la confianza ciudadana y al funcionamiento interno de la PNP?
Expertos señalan que la medida refleja un esfuerzo por mantener la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución, pero también representa un desafío operativo, ya que la cúpula debe adaptarse a la ausencia temporal de su comandante general. La ciudadanía observa de cerca cómo se manejarán las investigaciones y si se implementarán medidas para prevenir casos similares en el futuro.
Marco institucional y próximos pasos
Durante los próximos meses, la Fiscalía continuará con las investigaciones relacionadas al caso “policías albañiles”, recopilando testimonios, documentos y evidencias para determinar el alcance de la participación de Zanabria en las irregularidades.
El Poder Judicial y el Ministerio Público han enfatizado la independencia del proceso, asegurando que las investigaciones se lleven a cabo sin presiones externas. Además, la resolución sirve como un recordatorio de que incluso las máximas autoridades policiales pueden ser sometidas a la justicia cuando existen indicios de corrupción.
Impacto político y social
La suspensión preventiva de Zanabria ha generado un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales sobre la corrupción en las instituciones del Estado. La ciudadanía exige transparencia y sanciones efectivas, mientras que la PNP enfrenta el reto de recuperar la confianza pública y mantener su imagen como garante de la seguridad ciudadana.
Asimismo, este caso pone en evidencia la importancia de los mecanismos de control interno y supervisión en las entidades públicas, especialmente en aquellas donde la autoridad puede influir significativamente en la vida cotidiana de la población.
