La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho logró recuperar los restos óseos de tres personas desaparecidas en 1984, en la comunidad de Ccarhuac, distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta. Según las investigaciones, las víctimas fueron ejecutadas en un operativo conjunto de miembros de la Marina de Guerra del Perú y Comités de Autodefensa, en el marco del conflicto armado interno (1980-2000).
El hallazgo incluyó además prendas de vestir y accesorios, elementos que permitirán avanzar en la identificación de las víctimas y en el proceso de restitución de derechos a sus familiares.
Hechos ocurridos en 1984
De acuerdo con la fiscal provincial Karenn Obregón Ubaldo, los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 1984, cuando siete pobladores fueron detenidos y posteriormente ejecutados. Entre las víctimas se encontraban Irma Gómez M., Paulina y Margarita Arone, Jorge Quispe, Basilia Gómez S., Joaquina Aguirre y Dionisia o María Calderón.
Estas muertes se suman a la larga lista de casos registrados durante el periodo de violencia política que golpeó especialmente a la región de Ayacucho, uno de los epicentros de la violencia en el Perú.
Diligencia con enfoque de derechos humanos
La diligencia fue dirigida por la fiscal adjunta provincial Khrista Tanta Gutiérrez y el perito arqueólogo Fredy Yaranga Loayza, en coordinación con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También participaron familiares y sobrevivientes, quienes contribuyeron a ubicar el lugar exacto de la inhumación en el paraje Ichu Qocha – Chaqui Orqo, comunidad de Rayanccasa.
Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho para su análisis científico, con el fin de proceder a la identificación plena y entrega a los familiares.
Memoria, verdad y reparación
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con las investigaciones de casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, aplicando un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y memoria histórica.
Estas acciones, según indicó la institución, buscan no solo esclarecer la verdad de los hechos, sino también contribuir a los procesos de justicia, reparación y reconciliación en una región que cargó con uno de los mayores costos humanos del periodo de violencia en el país.
