El Pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, el dictamen que amplía el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos, tras modificar la Ley 29230, norma que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. La votación alcanzó 73 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, consolidando así la decisión parlamentaria pese a las observaciones formuladas por el Ejecutivo.
La iniciativa busca que más gobiernos regionales y locales puedan suscribir convenios de obras por impuestos, permitiendo movilizar hasta S/ 67 mil millones en compromisos de inversión. El objetivo central es dinamizar proyectos de infraestructura y servicios básicos, aprovechando el financiamiento y gestión del sector privado bajo un esquema de cooperación con el Estado.
Un mecanismo clave para cerrar brechas
El sistema de obras por impuestos (OxI), vigente desde 2008, se ha consolidado como una herramienta eficaz para acelerar la ejecución de proyectos de interés público. A través de este mecanismo, las empresas privadas financian directamente obras priorizadas por los gobiernos, y posteriormente descuentan ese monto de su pago de impuestos.
La modificación aprobada introduce cambios en los artículos 2-B, 5, 7, 8, 11, 13, 16 y 17 de la Ley 29230, además de incorporar nuevos artículos y disposiciones complementarias. Entre las principales novedades, destaca la ampliación del límite de compromisos que pueden asumir los gobiernos subnacionales, lo que eleva de manera significativa el margen de acción de este esquema.
Universidades públicas también podrán participar
Otro de los cambios relevantes es la autorización para que los Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) emitidos por las universidades públicas puedan ser financiados con cargo a su presupuesto institucional, sin que ello implique recurrir a operaciones oficiales de crédito o a recursos adicionales del Tesoro.
De esta manera, se abre una ventana de oportunidades para que las universidades gestionen proyectos de infraestructura y servicios vinculados a la educación, contribuyendo no solo al cierre de brechas, sino también al fortalecimiento del sistema educativo superior en el país.
Debate en el Congreso
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz (FP), explicó que la norma responde a la necesidad de impulsar la inversión pública en regiones donde los proyectos suelen retrasarse por falta de presupuesto o capacidad de ejecución.
El congresista también defendió la constitucionalidad del texto y rechazó las observaciones hechas por el Ejecutivo el pasado 22 de agosto, que cuestionaban principalmente la sostenibilidad fiscal y los riesgos de sobreendeudamiento de los gobiernos locales.
Aprobación por insistencia
La autógrafa de ley había sido aprobada originalmente en junio de 2025, pero el Ejecutivo decidió observarla, señalando posibles impactos negativos en el equilibrio presupuestal. Sin embargo, la mayoría parlamentaria decidió ratificarla sin modificaciones, ejerciendo la facultad de aprobarla por insistencia.
Con ello, el Congreso marca un precedente importante sobre su rol en la definición de mecanismos de inversión, priorizando el acceso a mayores recursos para el desarrollo de infraestructura en todo el país.
Impacto esperado
El monto máximo de compromisos —estimado en S/ 67 mil millones— representa un salto significativo frente a la capacidad actual del mecanismo de OxI. Se espera que con esta ampliación se puedan financiar obras en sectores críticos como salud, educación, transporte, agua potable y saneamiento, entre otros.
Especialistas en finanzas públicas destacan que las obras por impuestos han mostrado resultados positivos en los últimos años, permitiendo ejecutar más de 450 proyectos en diferentes regiones. Sin embargo, advierten que la clave para el éxito de esta ampliación será garantizar la transparencia en los convenios, la adecuada supervisión de las obras y la capacidad técnica de los gobiernos subnacionales.
Reacciones divididas
Mientras que los defensores de la ley resaltan su potencial para acelerar la ejecución de proyectos y reducir brechas sociales, algunos críticos señalan que el esquema podría favorecer a grandes empresas y concentrar inversiones en determinadas regiones. Asimismo, consideran que los topes planteados podrían comprometer la sostenibilidad fiscal si no se administran de manera adecuada.
El reto, en ese sentido, será equilibrar la participación del sector privado con una visión de desarrollo inclusivo y descentralizado, que garantice beneficios tangibles para las poblaciones más vulnerables del país.
