El 19 de agosto de 2025, las autoridades españolas confirmaron la captura de César Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre María Agüero. El investigado se encontraba bajo orden de ubicación y captura internacional desde noviembre de 2024, tras incumplir un mandato de prisión preventiva de 18 meses dictado por el Poder Judicial en el marco del caso conocido como “Mochasueldo”.
La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó oficialmente la detención, la cual se produjo gracias a un trabajo coordinado entre Interpol Madrid e Interpol Lima. Inmediatamente, el juez Abel Centeno Estrada solicitó la extradición activa del detenido para que responda en el Perú por los cargos en su contra.
Investigación de la Fiscalía por recorte de sueldos
De la Cruz es señalado como uno de los operadores encargados de recolectar y administrar los fondos provenientes de los recortes ilegales a trabajadores del Congreso. Según la Fiscalía, entre junio de 2022 y mayo de 2023, la congresista María Agüero Gutiérrez habría ordenado a sus asesores exigir a los empleados de su despacho entregar un porcentaje de sus remuneraciones mensuales.
En total, al menos 12 trabajadores del Parlamento habrían sido víctimas de esta práctica conocida como “mochasueldo”, un esquema que ya ha salpicado a otros legisladores en periodos anteriores. El dinero recaudado presuntamente fue canalizado por Edson Flores Valencia y César de la Cruz Canales, quienes actuaban como receptores iniciales.
Delitos imputados y gravedad del caso
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder – Equipo 1 atribuye a De la Cruz y sus coimputados los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado peruano. La imputación se sustenta en testimonios de excolaboradores, comprobantes financieros y registros de transferencias que evidenciarían un patrón sistemático de cobros indebidos dentro del despacho parlamentario.
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos habrían sido utilizados para beneficio personal de la congresista y su entorno cercano, configurando un presunto caso de corrupción en el Congreso de la República.
Operativos previos y allanamiento al despacho de Agüero
En noviembre de 2024, como parte de la investigación, la Fiscalía allanó la vivienda y oficinas de María Agüero en busca de pruebas relacionadas con la red de recortes salariales. Durante la diligencia se incautaron documentos, equipos electrónicos y registros que estarían vinculados al caso.
La congresista, militante de Perú Libre, se encuentra también investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, acusaciones que podrían derivar en un eventual pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria si las pruebas se consolidan.
Ruta judicial de la extradición
El juez Centeno remitió el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que será la encargada de evaluar la procedencia del pedido de extradición. Una vez que el máximo tribunal se pronuncie, la decisión será enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que debe formalizar la solicitud ante el Reino de España.
En paralelo, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía mantiene comunicación con sus pares españoles para garantizar que el proceso se desarrolle con celeridad. En caso de prosperar, De la Cruz será trasladado a Lima para cumplir la prisión preventiva y enfrentar la investigación preparatoria.
Contexto político y repercusiones
El caso “Mochasueldo” vuelve a poner bajo la lupa al Congreso de la República y a las prácticas clientelistas que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Organizaciones civiles advierten que este tipo de esquemas son un reflejo de la corrupción enquistada en la política peruana, donde los recursos públicos y los salarios del personal terminan siendo utilizados como mecanismos de financiamiento ilícito.
El arresto internacional de un asesor parlamentario también evidencia el nivel de gravedad que alcanzó la investigación, al punto de requerir la intervención de Interpol y del sistema judicial europeo.
Lo que viene
Mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, los fiscales continúan reuniendo pruebas para sustentar la acusación contra De la Cruz y la congresista María Agüero. En los próximos meses, el caso podría escalar hacia un proceso penal emblemático sobre corrupción en el Parlamento.
De concretarse la extradición, la justicia peruana tendrá la oportunidad de avanzar en un proceso que busca sentar precedentes contra el recorte ilegal de sueldos a trabajadores del Estado.
