A comienzos de 2025, el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, entregó 100 camionetas 4×4 a la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de un plan para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana en Trujillo y otras provincias de la región. Sin embargo, detrás de la ceremonia de entrega, documentos oficiales revelan posibles irregularidades en el proceso de compra que involucran sobrecostos millonarios.
El contrato fue adjudicado a la empresa Maquinarias S.A. el 17 de octubre de 2024, mediante dos procesos simultáneos: uno para 45 camionetas y otro para 55 unidades adicionales, todas con las mismas características técnicas, modelo y color.
El monto total desembolsado por el Gore La Libertad fue de S/ 17’880,000. Sin embargo, un detalle ha encendido las alarmas: al día siguiente, el Gobierno Regional de Áncash adquirió exactamente los mismos vehículos a la misma empresa por S/ 14’425,000.
La diferencia de más de S/ 3.4 millones plantea la gran pregunta: ¿por qué La Libertad pagó tanto más por el mismo lote de camionetas?
¿Dónde está la justificación del sobreprecio?
El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, justificó el mayor costo asegurando que el contrato incluía mantenimiento extendido de las unidades hasta 165 mil kilómetros y servicio de GPS por tres años.
Pero la revisión de los contratos desmiente parcialmente esta versión:
- Solo 45 camionetas cuentan con mantenimiento hasta 165 mil km.
- Las otras 55 camionetas tienen cobertura idéntica a las adquiridas por Áncash: 100 mil km.
- El costo real del mantenimiento por unidad no supera los S/ 15,000.
- El servicio de GPS por camioneta ronda apenas los S/ 2,500.
Si se suman ambos conceptos, el monto adicional justificado no sobrepasa el S/ 1.85 millones, por lo que queda un sobrecosto inexplicado de aproximadamente S/ 1.7 millones.
La inseguridad como telón de fondo
El escándalo surge en medio de una ola de violencia en Trujillo y otras provincias liberteñas, donde las extorsiones, los asesinatos por sicariato y las mafias criminales tienen en jaque a la población.
La compra de las camionetas había sido presentada por Acuña como un esfuerzo para fortalecer la presencia policial y recuperar el control de las calles. No obstante, las denuncias sobre el presunto sobreprecio generan dudas sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos destinados a la seguridad ciudadana.
César Acuña se defiende y consejeros contraatacan
Cuando fue abordado por un equipo de Cuarto Poder, César Acuña negó haber tenido conocimiento de los detalles técnicos y del proceso de compra. “Yo no sabía nada de los costos ni de los contratos”, dijo, tratando de desvincularse del caso.
Sin embargo, consejeros regionales como Frank Solórzano y Robert de la Cruz han denunciado públicamente que se estaría encubriendo a altos funcionarios. Ambos apuntan directamente a Martín Namay, gerente general del Gobierno Regional, y sostienen que existe protección institucional para evitar que sea investigado.
Fiscalía sin avances y desconfianza ciudadana
Pese a que se presentó una denuncia penal por presunta colusión y malversación de fondos, la Fiscalía aún no ha realizado ninguna diligencia efectiva. Este inmovilismo genera malestar ciudadano y aumenta la percepción de impunidad en la región.
Mientras tanto, la crisis de inseguridad continúa. En solo lo que va del año, la región ha registrado docenas de asesinatos y extorsiones a transportistas, comerciantes y empresarios. Para los críticos, el sobreprecio de las camionetas representa no solo un posible acto de corrupción, sino también un atentado indirecto contra la lucha contra el crimen, pues compromete recursos que podrían destinarse a inteligencia policial y equipamiento especializado.
La pregunta clave
¿Por qué el Gobierno Regional de La Libertad pagó más de S/ 3 millones adicionales por las mismas camionetas adquiridas por Áncash a la misma empresa?
Hasta ahora, ni el gobernador César Acuña ni el gerente Martín Namay han ofrecido explicaciones sólidas que aclaren las diferencias de precios, y la Fiscalía sigue sin pronunciarse.
La compra de las camionetas, presentada como un esfuerzo para combatir la inseguridad, hoy enfrenta cuestionamientos que podrían convertirse en un nuevo escándalo político para César Acuña. El contraste con la operación de Áncash revela una gestión poco transparente y abre la puerta a una investigación de presunta corrupción que, por ahora, avanza lentamente.
Mientras la población de Trujillo sigue viviendo bajo el miedo de la delincuencia organizada, el caso deja una sensación amarga: la lucha contra el crimen no puede ser excusa para compras sospechosas.
