Durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el alto comisionado Volker Türk expresó su preocupación por la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el Perú. Calificó la norma como “un retroceso para la justicia y la verdad”, al considerar que podría debilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Según Türk, “las respuestas bruscas solo generan más alienación, malestar y violencia en la sociedad”, advirtiendo que la medida podría incrementar la tensión social y política. Su intervención ha intensificado el debate nacional e internacional sobre la legitimidad de la norma y el respeto a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
El 3 de septiembre, la Corte IDH emitió una resolución ordenando al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419 hasta resolver el fondo del caso. La decisión se basa en la supervisión de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, que obligan al Perú a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno (1980-2000).
La Corte considera que la Ley de Amnistía, al otorgar impunidad a militares, policías y comités de autodefensa, podría contravenir estándares internacionales de justicia. Además, advierte que su aplicación podría representar un incumplimiento directo de sentencias previas contra el Estado peruano.
Respuesta del Gobierno peruano a la ONU y la Corte IDH
El 6 de septiembre, el Gobierno emitió un comunicado calificando de “inaceptable” la decisión de la Corte IDH. Alegó que el Sistema Interamericano tiene un carácter subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir sin agotar la jurisdicción interna.
La posición oficial defiende la soberanía del Perú y sostiene que la Ley 32419 responde a un contexto particular, relacionado con las acciones del Estado en la lucha contrasubversiva. No obstante, la postura ha sido cuestionada por organismos internacionales, expertos legales y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que la medida promueve la impunidad y vulnera los compromisos asumidos en tratados internacionales.
Implicancias políticas y sociales de la Ley de Amnistía
La aprobación de la Ley 32419 ha generado un fuerte rechazo nacional e internacional. Organizaciones civiles, colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos han exigido su derogatoria inmediata. En paralelo, juristas constitucionalistas han advertido que la norma podría ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Perú.
Mientras tanto, el debate político se intensifica. Para el Ejecutivo y sectores del Congreso, la ley es un acto de reivindicación hacia quienes enfrentaron a grupos subversivos. Sin embargo, para las víctimas y las organizaciones internacionales, representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.
