El Pleno del Congreso decidió no aprobar la acusación constitucional contra el exministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, por el presunto delito de negociación incompatible. La iniciativa legislativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y el caso fue archivado temporalmente, aunque podría retomarse si prospera una solicitud de reconsideración.
Durante la sesión del 4 de septiembre, el proyecto de resolución legislativa obtuvo apenas 31 votos a favor, frente a 7 en contra y 23 abstenciones, cifra insuficiente para superar el umbral de 50 votos, que representa la mayoría legal del Congreso. Así lo precisó el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, quien dirigió la sesión.
¿De qué se le acusaba a Jorge Prado?
La denuncia, identificada como Denuncia Constitucional N.° 442, fue presentada el 11 de abril de 2025 por el entonces fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. El caso giraba en torno a la presunta instigación del exministro para contratar de manera irregular a su sobrino, Edwin Chávez Prado, en el Ministerio de la Producción.
La acusación lo sindicaba como presunto instigador del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, regulado en el artículo 399 del Código Penal.
Según el informe final sustentado por la congresista María Acuña Peralta (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el entonces ministro habría utilizado su cargo para favorecer a su familiar directo, diseñando un proceso de contratación que violaba principios de transparencia, competencia y legalidad.
“El proceso se ajustó para que su sobrino sea contratado sin concurso público ni pluralidad de postores. Se utilizaron funcionarios de confianza del ministro y se elaboraron términos de referencia hechos a medida”, explicó Acuña ante el Pleno.
Además, uno de los elementos más cuestionados fue que entre los “entregables” del proveedor contratado se incluyera una fotografía oficial del exministro, lo cual fue interpretado como un indicio de relación directa y aprovechamiento de recursos públicos.
¿Cuál fue la defensa del exministro?
Durante la sesión, el abogado Douglas Wonder Rojas Seguier, defensa legal del exministro Prado, rechazó categóricamente las imputaciones y afirmó que no existen pruebas directas de que su patrocinado haya intervenido o instigado la contratación irregular.
Aseguró que el procedimiento fue conducido por las áreas técnicas del ministerio en estricto cumplimiento de la normativa vigente y que no había evidencia de que el exministro haya influido de manera directa en el proceso.
“No hay documentos ni comunicaciones que acrediten instigación. Se trata de suposiciones sin base jurídica sólida”, sostuvo el abogado.
Una votación que revela divisiones políticas
El resultado de la votación también refleja el complejo equilibrio de fuerzas en el Congreso. Mientras algunas bancadas respaldaron la acusación como un acto de fiscalización y lucha contra la corrupción, otras se mostraron cautas ante lo que calificaron como una acusación sin pruebas suficientes.
La decisión dejó abierta la posibilidad de una segunda evaluación, ya que la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) presentó una reconsideración de la votación a las 13:48 horas del mismo día.
De ser admitida, el tema podría volver a debatirse en una próxima sesión plenaria. Por ahora, el expediente pasará nuevamente al archivo, de acuerdo con los procedimientos legislativos.
¿Qué implica archivar una acusación constitucional?
Cuando una acusación constitucional no alcanza los votos necesarios para ser aprobada por el Pleno, el caso se archiva. Esto significa que no puede avanzar hacia una eventual inhabilitación, juicio político o penal, a menos que se apruebe una reconsideración o se presente una nueva denuncia sobre hechos distintos o con nuevas pruebas.
En este caso, al no lograrse la aprobación del proyecto de resolución legislativa, Jorge Prado Palomino no enfrentará ninguna consecuencia política inmediata por la denuncia en su contra, salvo que prospere la reconsideración planteada.
¿Es suficiente este desenlace para cerrar el caso?
La pregunta que queda en el aire es si el archivo de esta denuncia representa una decisión justa o una oportunidad perdida de rendición de cuentas. Para algunos congresistas, el hecho de que se identificaran vínculos familiares y posibles irregularidades bastaba para seguir el proceso.
Sin embargo, la falta de pruebas directas y la interpretación de los elementos circunstanciales llevaron a una porción significativa del Congreso a abstenerse o votar en contra.
Este caso se suma a otras denuncias contra exfuncionarios por presunto nepotismo, direccionamiento de contrataciones o uso indebido de recursos públicos, temas que siguen generando controversia en la opinión pública y en la agenda parlamentaria.
La decisión del Congreso de no acusar constitucionalmente a Jorge Prado Palomino marca un punto de tensión en la relación entre el Legislativo y la Fiscalía, y plantea interrogantes sobre los criterios de responsabilidad política en casos de presunta corrupción o favoritismo.
Mientras tanto, el exministro sigue libre de acusaciones formales, pero el caso aún podría reabrirse si prospera la reconsideración. Queda en manos del Parlamento decidir si este será un capítulo cerrado… o una página más en la larga historia de impunidad política en el país.
