Roque Benavides, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura y empresario minero, reafirma su optimismo “a prueba de balas” sobre el Perú. En la primera edición de INFRACON, insiste en la alianza público-privada, la formalización de la economía y el desarrollo minero como pilares para el futuro.
—Roque, ¿qué significa para ti este evento de INFRACON organizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura?
Es un paso muy importante. El Perú necesita levantar el aspecto de la infraestructura, después de todo lo que significó la corrupción del “club de la construcción” y el caso Odebrecht. La Sociedad Nacional busca representar a una nueva hornada de empresas que trabajen en carreteras, hidroeléctricas y comunicaciones. La diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados es la calidad de su infraestructura, y eso requiere que el sector privado trabaje de la mano con el público.
—En tu presentación resaltaste el optimismo y las fortalezas del país. ¿Cuáles destacarías?
Tenemos tratados de libre comercio, un Banco Central sólido, grado de inversión y una estabilidad que desde fuera valoran muchísimo. Nos ven como un país con baja inflación y moneda estable. Sin embargo, necesitamos que el Estado cumpla con sus compromisos, que pague sus deudas, para generar confianza en los inversionistas.
—¿Cómo encaja el Perú en la región, con los cambios políticos de países vecinos?
Del total de inversión, 80% es privada y de esa, un 80% es nacional. Los peruanos tenemos que sacar la cara por nuestro país, pero también tratar bien a la inversión extranjera, que nuestra Constitución reconoce en igualdad de condiciones. El sector público debe ser eficiente: la pandemia demostró nuestras carencias en salud.
—¿El Estado debería reducirse?
Sí, necesitamos un Estado más eficiente. Antes bastaba con el Ministerio de Energía y Minas, hoy debemos tratar con cinco o seis ministerios distintos. Eso hace la vida más difícil. Hay que consolidar funciones y avanzar hacia la ventanilla única. No se trata de ordeñar al sector privado, sino de alimentarlo como al caballo que jala la carreta de la economía.
—En tu presentación señalaste que el Perú tiene más de 54 mil millones de dólares en proyectos mineros. ¿Cómo encarar este reto?
Lo primero es entender dónde están esos proyectos: no en Lima ni en Miraflores, sino “en la punta del cerro donde el diablo perdió el poncho”. San Gabriel, por ejemplo, está a 4,800 metros de altura en Puno. Es allí donde se generan puestos de trabajo dignos para comunidades que, de otro modo, no tendrían muchas opciones. La minería tiene la capacidad de transformar regiones alejadas y llevar infraestructura donde no la había. Por eso insisto en que el país no puede darse el lujo de paralizar proyectos; es desarrollo postergado.
—¿Qué tanto afecta la minería ilegal y la informalidad a esta cartera de inversiones?
Son problemas distintos. La ilegalidad es crimen organizado y debe combatirse con todo el peso de la ley. La informalidad, en cambio, es parte del problema general de la economía peruana: pequeños empresarios que prefieren quedarse fuera del sistema porque formalizarse es un viacrucis. Un minero artesanal no tiene cómo costear oficinas de abogados ni especialistas en permisos, como sí lo hace una gran compañía. Mientras no simplifiquemos la tramitología, ese pequeño seguirá fuera de la formalidad. Y ahí perdemos todos: el Estado en recaudación, los trabajadores en protección social y el país en desarrollo ordenado.
—Algunos sectores cuestionan el sistema de concesiones mineras. ¿Qué respondes?
Que el sistema funciona y es moderno. En el Perú las concesiones se otorgan en cuadrículas de 100 hectáreas perfectamente identificadas por GPS, lo que elimina disputas de linderos. El subsuelo es propiedad del Estado, es decir, de todos los peruanos, y este lo concesiona en uso. No se concesiona la superficie, se concesiona el subsuelo, que debe beneficiar a toda la sociedad. Decir que hay “tierras acaparadas” no tiene sustento: los estudios muestran que la mayoría de mineros informales se concentran en apenas 5% de las concesiones, principalmente donde hay oro. El problema no es el sistema, sino la informalidad que se instala donde cree que hay oportunidad rápida de extracción.
—¿Se podrían mejorar las reglas para evitar que las concesiones se queden inactivas?
Claro, todo es perfectible. Se puede discutir, por ejemplo, mecanismos de pagos adicionales o mayores derechos cuando una concesión no entra en producción después de muchos años. Eso evita el acaparamiento sin desmontar un sistema que ha funcionado durante décadas y que nos ha permitido atraer inversión. Cambiar las reglas de fondo sería un error: generaría desconfianza y desincentivaría nuevas apuestas en el país.
—La política también aparece en tu trayectoria. ¿Volverás como candidato?
Siempre he opinado, y no creo que los empresarios debamos corrernos de la política. Pero lo he dicho muchas veces: no seré candidato. Sí creo que todos deberíamos estar inscritos en un partido político; no se puede mirar mal a alguien por militar en uno.
—¿Qué lugar ocupa la educación en tu visión?
Es el gran igualador social. Creo en una educación pública vigorosa y de calidad. Enseño en la UNI, en la Católica y ahora en la Universidad Nacional de Moquegua. Los empresarios debemos aportar en la formación universitaria.
—¿Cómo ves al Perú rumbo al 2026?
Con optimismo. Como decía Basadre, el Perú es mucho más grande que sus problemas. Lo que viene será mejor que lo que vivimos en 2021. Necesitamos confianza, transparencia y fe en nuestras capacidades.
