En un nuevo giro en la pugna interna del Ministerio Público, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas presentó una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, a quien acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
En el documento entregado al Congreso de la República, Benavides sostiene que Espinoza habría vulnerado sus derechos fundamentales durante su proceso de reincorporación al cargo y solicita una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier función pública.
La denuncia pone nuevamente en la palestra el conflicto al interior del Ministerio Público, una institución clave que ha sido escenario de enfrentamientos institucionales, filtraciones y decisiones judiciales controversiales en los últimos años.
¿Qué sustenta la acusación?
Según el escrito, Delia Espinoza habría cometido abuso de autoridad al emitir una resolución que, si bien autorizaba la reincorporación de Benavides, contenía expresiones que, según esta, afectaban su honor y quebraban su presunción de inocencia.
Asimismo, le imputa el delito de prevaricato, al incluir supuestos datos inexactos, revelar información reservada y proponer su designación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sin sustento legal.
Benavides señala que, a diferencia de otros fiscales supremos repuestos en el cargo, como Tomás Gálvez y Azucena Solari, ella fue objeto de observaciones y restricciones arbitrarias.
Cinco hechos centrales de la denuncia
La exfiscal enumera cinco hechos principales que, según ella, constituyen una infracción constitucional y penal por parte de Delia Espinoza:
- Divulgación pública de mecanismos de defensa: La resolución mencionó los recursos legales que Benavides presentó contra su destitución, lo cual —sostiene— tuvo un afán denigratorio.
- Crítica a la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Espinoza habría cuestionado la validez de la resolución N.º 231-2025-JNJ que ordenó su reincorporación, sugiriendo que fue irregular.
- Revelación del secreto de investigaciones: Se expusieron datos de hasta 12 carpetas fiscales en las que Benavides no figura como imputada, sino como vinculada, lo cual vulneraría el artículo 324 del Código Procesal Penal.
- Propuesta ilegal ante el JNE: La fiscal suprema propuso que Benavides sea representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones en un proceso electoral, lo cual —afirma la denuncia— está prohibido por la ley.
- Asignación discriminatoria de despacho: Se le asignó el Segundo Despacho Supremo Penal, en aparente trato desigual respecto a otros fiscales reincorporados.
¿Qué delitos invoca la denuncia?
El documento presentado por Benavides cita dos delitos tipificados en el Código Penal:
- Abuso de autoridad (Art. 376): Por supuestamente emitir resoluciones que exceden sus competencias e incluyen afirmaciones personales que afectan derechos fundamentales.
- Prevaricato (Art. 418): Por emitir resoluciones contrarias a la ley, falsear hechos e interpretar normas con sesgo político o sin respaldo jurídico, especialmente en lo relativo a su vínculo con el JNE y las investigaciones fiscales.
También se invocan presuntas infracciones a los artículos 2, 38, 154 y 159 de la Constitución, relacionados con la igualdad ante la ley, presunción de inocencia, competencia de la Junta Nacional de Justicia y atribuciones del Ministerio Público.
¿Qué busca Benavides con esta denuncia?
Patricia Benavides no solo solicita que el Congreso habilite un antejuicio político, sino que además inicie un juicio político que derive en la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos.
De prosperar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia, y luego pasarla a la Comisión Permanente y al Pleno del Congreso para una eventual votación.
¿Qué consecuencias podría tener esta denuncia?
El enfrentamiento entre ambas fiscales supremas podría tener varias repercusiones institucionales:
- Aumenta la presión sobre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya bastante recargada con casos pendientes.
- Reaviva el debate sobre la necesidad de reformas en el Ministerio Público y en la JNJ, señalados por diversos sectores por sus decisiones y procesos internos.
- Puede utilizarse políticamente desde distintos bloques en el Congreso, tanto para proteger como para atacar a ambas figuras, dependiendo de intereses partidarios.
Contexto: Benavides, Espinoza y el Ministerio Público en tensión
Cabe recordar que Patricia Benavides fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en 2023, en medio de serias investigaciones que la vinculan con una presunta red de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público y el Congreso. Su retorno en 2025 fue ordenado por la JNJ, pero no exento de cuestionamientos.
Por su parte, Delia Espinoza asumió un rol clave como fiscal suprema coordinadora durante ese proceso, firmando resoluciones que definieron el retorno de Benavides, pero con advertencias sobre su situación legal y administrativa.
La relación entre ambas ha estado marcada por desconfianza, competencia institucional y señalamientos cruzados.
¿Qué viene ahora?
La denuncia fue oficialmente ingresada al Congreso de la República, que deberá evaluar si cumple con los requisitos para ser tramitada. De ser admitida, se abriría una nueva etapa de debate político y jurídico, con consecuencias directas sobre la credibilidad del Ministerio Público.
Por ahora, Delia Espinoza no ha emitido una respuesta pública sobre la acusación. Sin embargo, fuentes cercanas señalan que prepara una defensa técnica, respaldada en los fundamentos legales de sus resoluciones.
