Ajuste de cuentas en SJL: Sicarios habrían ejecutado a empresario de Gato Negro por colaborar con la Policía en caso de drogas

Nuevas revelaciones apuntan a que Saúl Cayllahua, dueño de las discotecas atacadas en el Boulevard de Zárate, habría sido asesinado por delatar a una red criminal extranjera durante una operación policial en 2024. La hipótesis refuerza el móvil del ajuste de cuentas.

por Edgar Mandujano

¿Quién era realmente el blanco del triple crimen?

El reciente triple asesinato en San Juan de Lurigancho, que sacudió a todo el país por su brutalidad, habría tenido un objetivo específico y calculado: Saúl Cayllahua, propietario de las discotecas “Gato Negro” y otro local nocturno en el Boulevard de Zárate.

Fuentes policiales revelaron a Caretas que el crimen podría ser una represalia directa del crimen organizado, luego de que el empresario habría colaborado en una operación encubierta de la Policía Nacional del Perú en 2024, donde 14 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y se incautó una importante cantidad de sustancias ilícitas.


¿Qué ocurrió en 2024 y por qué es clave?

En junio de 2024, una de las discotecas vinculadas a Cayllahua fue intervenida por efectivos policiales. La operación, realizada sin cobertura mediática, resultó en la detención de 14 extranjeros, presuntamente miembros de una red de microcomercialización de drogas que operaba en locales nocturnos del distrito.

Si bien en ese momento el empresario no fue detenido ni acusado formalmente, investigaciones posteriores sostienen que habría brindado información clave para facilitar el operativo, lo que lo habría puesto en la mira de organizaciones criminales vinculadas a los detenidos.

Según fuentes de inteligencia policial, esta colaboración pudo ser interpretada como una “traición” dentro de las reglas del submundo criminal, donde la delación o cooperación con las autoridades se paga con la vida.


El crimen: ¿una ejecución con mensaje?

Como se informó en la primera nota, el ataque ocurrió la madrugada del viernes 29 de agosto. Tres hombres —el dueño, el administrador y el sonidista de la discoteca Gato Negro— fueron acribillados a balazos a la salida del local. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que uno de los sicarios desciende de una motocicleta y dispara sin mediar palabra, antes de huir junto a sus cómplices.

Lo que inicialmente parecía un caso de violencia urbana más, se ha transformado en un posible ajuste de cuentas planificado por el crimen organizado, con una clara intención: silenciar y enviar un mensaje a quienes colaboren con la justicia.


¿Quién era Saúl Cayllahua?

Saúl Cayllahua era conocido en el circuito nocturno de SJL como un empresario con poder e influencia en el Boulevard de Zárate. Sin embargo, también era cuestionado por sus vínculos con personas investigadas por narcotráfico, y su nombre ya había aparecido en reportes policiales no judicializados.

El hallazgo de droga en su local en 2024 lo puso en el radar de las autoridades. Ahora, con su asesinato, se abre una nueva línea de investigación que pone al descubierto el nivel de penetración del crimen organizado en el negocio del entretenimiento nocturno limeño.


¿Qué dicen las autoridades?

La División de Investigación Criminal (Depincri) de SJL no ha descartado ninguna hipótesis, pero ya trabaja con la posibilidad de que el crimen esté directamente relacionado con el caso de 2024.

Se han solicitado las grabaciones de videovigilancia de la zona, así como la activación de las unidades de inteligencia antinarcóticos para seguir el rastro de posibles represalias similares contra otros testigos o colaboradores.

Un oficial consultado bajo reserva señaló:

“No es común que se cometan asesinatos con esta precisión si no hay un mensaje detrás. Esto no fue un robo ni un acto impulsivo. Se trata de una ejecución con una lógica mafiosa.”


¿Qué representa esto para SJL y Lima?

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, se ha convertido en epicentro de una guerra silenciosa entre redes criminales, muchas de ellas vinculadas a extranjeros que operan en locales nocturnos, bares y discotecas. En paralelo, las extorsiones, el cobro de cupos y el sicariato han tomado fuerza en zonas comerciales y residenciales.

Este nuevo giro en el caso Cayllahua revela una cruda realidad: el crimen organizado no solo busca controlar territorios, sino también imponer un silencio absoluto mediante el miedo y la muerte.


¿Puede el Estado frenar esta ola de asesinatos?

Expertos en seguridad sostienen que el sicariato ya no es solo un problema policial, sino una crisis estructural que demanda respuestas políticas y judiciales integrales.

En las últimas semanas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia han anunciado la posible reapertura de penales de alta seguridad y la aplicación de régimenes especiales para cabecillas criminales, pero aún no hay medidas claras contra las mafias infiltradas en el negocio nocturno.

Mientras tanto, los asesinatos por encargo continúan. Y la justicia para Cayllahua y sus dos trabajadores aún parece lejana.

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