En un momento de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha hecho un llamado urgente a poner fin a las pugnas institucionales que, según su presidente Jorge Zapata Ríos, solo debilitan la capacidad del Estado para enfrentar la creciente ola de delincuencia que aqueja al país.
Durante una entrevista con la Red de Comunicación Regional, Zapata advirtió que los enfrentamientos entre altos poderes del Estado están desviando la atención de los verdaderos problemas que afectan a los peruanos día a día, como la criminalidad, la extorsión y la violencia organizada.
¿Qué está ocurriendo entre el Ejecutivo y la Fiscalía?
En las últimas semanas, la confrontación entre el Gobierno y el Ministerio Público ha escalado, en medio de investigaciones fiscales que involucran al entorno de la presidenta Dina Boluarte, incluidos allanamientos a la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte. Desde el Ejecutivo se ha cuestionado abiertamente la legitimidad y ética de algunos fiscales, mientras que el Ministerio Público mantiene firme su autonomía constitucional.
Este cruce de declaraciones ha provocado preocupación en diversos sectores, incluyendo al empresarial, que ve con alarma cómo las prioridades de seguridad y desarrollo quedan relegadas por disputas políticas.
La inseguridad: una amenaza transversal que crece
Zapata Ríos no dudó en señalar que la inseguridad ciudadana “azota todo el país”, con niveles más críticos en regiones como el norte, donde las economías ilegales y la minería informal alimentan el crimen organizado. “La delincuencia nos está invadiendo. Es fundamental eliminar la pugna entre Fiscalía y Ejecutivo. Se tiene que trabajar mancomunadamente”, recalcó.
Para el líder de la CONFIEP, el avance de mafias y redes criminales no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de un ecosistema delictivo que opera con impunidad y financiamiento sostenido. “Estas actividades generan ingentes cantidades de dinero que necesitan ser blanqueados, lo que impulsa su expansión y la generación de violencia para distraer a la Policía”, advirtió.
De los sindicatos fantasmas a la extorsión masiva
Uno de los focos de preocupación expresados por el empresariado es cómo las extorsiones han dejado de ser un fenómeno focalizado en el sector construcción para extenderse a prácticamente todos los rubros económicos.
“Lo que comenzó como extorsiones en la construcción por pseudo-sindicatos se ha expandido a transportistas, bodegueros, restaurantes y cualquier negocio que esté en crecimiento. Ya nadie está a salvo”, declaró Zapata.
Las propuestas están, pero no se ejecutan
La CONFIEP recordó que desde 2023 tanto gremios empresariales como de trabajadores han elevado propuestas concretas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad y reactivar la economía. Sin embargo, estas recomendaciones aún no han sido implementadas.
“El país necesita respuestas rápidas y eficaces. No se puede seguir postergando la ejecución de políticas que ya fueron discutidas y acordadas. Lo que falta es voluntad y decisión política”, señaló el titular de la entidad empresarial.
El llamado a la unidad frente a un enemigo común
La Confederación insistió en que no es momento de profundizar divisiones ni de buscar culpables entre poderes del Estado. La delincuencia, afirma, está aprovechando el vacío de autoridad y coordinación institucional para afianzarse.
“Instamos al Ejecutivo y al Ministerio Público a actuar con responsabilidad y altura. La ciudadanía exige resultados, no más escándalos ni confrontaciones. Debemos trabajar todos juntos para recuperar el control del país”, finalizó Zapata.
¿Cuál es el impacto de la criminalidad en el sector privado?
- Pérdida de inversiones: El aumento de extorsiones y actos violentos ha generado temor entre los pequeños y medianos empresarios, desincentivando la inversión en varias regiones del país.
- Incremento de costos operativos: Muchos negocios ahora deben gastar más en seguridad privada, reforzamiento de locales y pago de “cuotas” ilegales.
- Fuga de capital humano: La migración de talento por inseguridad también preocupa a los gremios, ya que limita la productividad y frena la innovación.
¿Qué debe hacer el Estado ahora?
El pronunciamiento de la CONFIEP refuerza una percepción generalizada: el Perú no puede permitirse un Estado dividido ante una amenaza que crece a diario. La coordinación entre el Ejecutivo, la Fiscalía, la Policía y los gobiernos locales es clave para frenar el avance del crimen organizado.
El sector privado demanda una estrategia integral con resultados medibles, aplicación efectiva de la ley y protección real a los ciudadanos que trabajan, emprendan y generan empleo.
