En una mesa de comentarios internacionales se habla acerca de los temas frecuentes del mundo: los desvaríos de Donald Trump; los enigmas que siguen rodeando la guerra entre Rusia y Ucrania; la masacre que soportan los palestinos en Gaza, y, de repente, alguien se refiere a un caso inédito en la historia política reciente: un país sin gobierno. Y pronuncia el nombre del Perú.
El comentarista se explica, no es un improvisado. Dice que la actual presidenta, Dina Boluarte, según coinciden todas las encuestas, tiene un nivel de aprobación menor, o igual, al margen de error estadístico: entre 2 % y 3 %. Es decir, que a lo más tres de cada cien peruanos aprueban la gestión de la actual mandataria. Agrega que, según los mismos estudios de opinión, hay localidades en las que simplemente nadie la soporta. Dicho en números: 0 %. No conoce –añade el comentarista– caso semejante en el mundo: alguien que gobierne un país, o en realidad pretenda hacerlo, con tales niveles de desaprobación.
La situación descrita, corroborada en los hechos, merece no solo un análisis sino una interpretación. Lo primero es que resulta evidente la absoluta falta de legitimidad de la presidenta Boluarte. No es que haya usurpado el cargo ilegalmente, que no es el caso, pues su mandato deriva de una sucesión constitucionalmente prevista, sino que la gente ha ido incrementando paulatinamente su nivel de repudio ante el desmanejo gubernamental. No hay lugar al cual asista Dina Boluarte en el que no reciba un abucheo generalizado. No hay aplausos (nadie se atreve), sino muestras de rechazo. Es bastante difícil gobernar un país en tales condiciones. Solo se le puede administrar. Si no hay una mínima legitimidad, o sea, un elemental reconocimiento, las decisiones serán desatendidas o simplemente ignoradas: es probable que eso suceda con la reciente ley de amnistía aprobada en favor de los militares: que el Poder Judicial no la aplique por inconstitucional. Este es el caso de Dina Boluarte, quien para mayor desacierto decide aumentarse el sueldo por más de treinta veces el salario mínimo y exhibir frivolidades que van desde hacerse operaciones estéticas hasta generarse viajes innecesarios por el mundo.
Ahora bien, una explicación puede ser que la presidenta, así como personifica a la nación, ella sola esté encarnando la inmensa repulsa que la ciudadanía tiene hacia la clase política. En este sentido, las mismas encuestas acreditan también ínfimos niveles de aprobación de los parlamentarios. Si Dina Boluarte disputa su aceptación con el margen de error estadístico, el Congreso lo supera ajustadamente. Apenas cinco peruanos de cada cien aprueban al Poder Legislativo. El resto lo rechaza igualmente.
El nivel de desapego de la ciudadanía con la política es, entonces, mayúsculo. Eso explica la deslegitimación de los gobernantes. Razones para el fenómeno abundan: desde las frecuentes corruptelas (mochasueldos), pasando por las groseras inconductas (violaciones), hasta llegar a la enervante impunidad (crímenes archivados), la gente está harta, cansada, exhausta. Demanda bienestar.
Por eso, la cuestión de si hay Gobierno en el Perú puede responderse contestando previamente esta pregunta: ¿Cómo llegaremos a las elecciones de abril de 2026?
*Abogado y fundador del Foro Democrático.
