Incautación en el Gobierno Regional de La Libertad
El Ministerio Público, a través del Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, realizó la incautación de documentos vinculados a la licitación de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Santa Isabel”, ubicada en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.
La diligencia, liderada por el fiscal provincial César Espínola Carrillo, se llevó a cabo en la sede del Gobierno Regional de La Libertad y contó con la participación de personal policial y miembros del área de contrataciones de la entidad. El objetivo: reunir evidencias que permitan esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a favor de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola S.A.C.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La investigación busca determinar si se vulneró la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de licitación. Según fuentes de la Fiscalía, existen indicios de que funcionarios regionales podrían haber intervenido indebidamente o concertado con representantes del consorcio ganador para defraudar al Estado.
El contrato, que incluía tanto la elaboración del expediente técnico como la ejecución de la obra, forma parte de un proyecto de gran impacto social, pues busca mejorar los servicios de salud para miles de vecinos de El Porvenir y zonas aledañas. Sin embargo, la presunta existencia de acuerdos irregulares genera preocupación sobre el destino de los fondos públicos.
Grupo Pérgola bajo la lupa
La empresa Grupo Pérgola S.A.C., adjudicataria de la licitación, se encuentra en el centro de la polémica. Aunque aún no se han formulado denuncias formales contra sus directivos, la Fiscalía sospecha que pudo existir una concertación indebida con autoridades del Gobierno Regional de La Libertad para favorecer su contratación.
De confirmarse las sospechas, los funcionarios implicados podrían enfrentar cargos por colusión agravada, negociación incompatible y defraudación al Estado, delitos que contemplan penas de hasta 15 años de prisión.
Próximas diligencias y posibles implicados
El fiscal Espínola Carrillo indicó que las investigaciones continuarán con la revisión de los documentos incautados, así como la toma de declaraciones a funcionarios, representantes de la empresa y otros testigos clave. Además, no se descarta que en las próximas semanas se soliciten medidas cautelares como la incautación de bienes, levantamiento del secreto bancario y el impedimento de salida del país para los involucrados.
Este caso se suma a otros procesos que la Fiscalía Anticorrupción viene siguiendo en la región La Libertad, donde varios proyectos de inversión pública han sido cuestionados por presuntas irregularidades en sus procesos de contratación.
