El Tribunal Constitucional (TC) citó al fiscal José Domingo Pérez para que presente sus alegatos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del caso por aportes ilícitos de campaña. La audiencia está programada para el miércoles 27 de agosto a las 10:30 a.m., según la notificación oficial a la que accedió este medio.
Esta diligencia permitirá que Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, defienda la acusación que señala que Fujimori Higuchi recibió aportes irregulares durante sus campañas electorales, solicitando que sea condenada a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos.
El contexto del proceso y el hábeas corpus
El proceso ante el TC se inició luego de que Keiko Fujimori presentara un hábeas corpus solicitando la nulidad de todas las diligencias fiscales realizadas en su contra desde 2017. Según la defensa, los aportes recibidos constituirían “una irregularidad administrativa” y no implicarían violación de normas ni ilegalidad directa, argumentando que los fondos recibidos, incluyendo un millón de dólares de la constructora Odebrecht en 2011, no podían ser considerados ilícitos porque en ese momento la empresa gozaba de prestigio internacional.
“No se le puede atribuir el conocimiento de supuestos actos de corrupción o delitos previos, si al 2011 la compañía gozaba de prestigio y luego los hechos de corrupción se dieron a conocer en 2016”, declaró la abogada de Fujimori, Guilliana Loza, durante la audiencia previa.
De este modo, el caso que el TC analizará en la próxima semana se centra en determinar si las diligencias realizadas por el Ministerio Público tienen validez, y si se mantiene la posibilidad de que la investigación siga su curso o regrese a la fase preliminar.
La postura del fiscal José Domingo Pérez
Como integrante del equipo especial Lava Jato, Pérez sustentará que los aportes recibidos por Fujimori constituyen un delito de lavado de activos, con base en evidencia que vincula los fondos de Odebrecht y otros aportantes a la campaña presidencial. Según el fiscal, la acusación se fundamenta en que los recursos fueron transferidos de manera ilícita y encubierta, con el objetivo de financiar la campaña de Fuerza Popular de manera irregular.
En la audiencia, Pérez tendrá la oportunidad de argumentar directamente ante el TC, demostrando que las diligencias fiscales llevadas a cabo desde 2017 cumplen con los criterios legales y que existe base suficiente para que la investigación no sea archivada ni anulada.
Qué se ha dicho sobre los aportes ilícitos
La defensa de Keiko Fujimori sostiene que los fondos recibidos no constituyen un delito, basándose en la cronología de los hechos:
- Los aportes de Odebrecht fueron realizados en 2011, años antes de que se conocieran públicamente las prácticas de corrupción de la empresa.
- Para la fecha de los aportes, la compañía mantenía reputación internacional, por lo que no podía preverse que los fondos provenían de actividades ilícitas.
- Los abonos serían, según la defensa, “una irregularidad administrativa” y no un delito de lavado de activos.
Diversos penalistas consultados indican que, aunque el TC no puede archivar la investigación, sí podría ordenar que el caso regrese a la fase preliminar, lo que retrasaría temporalmente el desarrollo del proceso penal.
Importancia de la audiencia y posibles escenarios
La audiencia del 27 de agosto se perfila como un momento clave en la trayectoria judicial de Keiko Fujimori, dado que definirá el alcance de las diligencias fiscales y la validez de las acusaciones por aportes ilícitos. Algunos de los escenarios posibles incluyen:
- Confirmación de la investigación: el TC podría permitir que la acusación de Pérez continúe sin modificaciones.
- Devolución a fase preliminar: el tribunal podría ordenar que la investigación se reinicie en una etapa inicial, afectando los plazos del proceso.
- Anulación parcial o total de diligencias: aunque menos probable, el TC podría declarar nulas algunas actuaciones fiscales, lo que afectaría directamente la estrategia del Ministerio Público.
Cada decisión del TC tendrá impacto político y mediático, considerando que Keiko Fujimori es una figura central en la política peruana y lidera Fuerza Popular, partido con representación significativa en el Congreso.
Pregunta clave para el público y la justicia
¿Logrará el Tribunal Constitucional mantener la investigación contra Keiko Fujimori, o se verá obligada a regresar a la fase preliminar por formalismos legales?
Esta cuestión concentra la atención de la opinión pública y los medios, dado que el fallo del TC podría condicionar el desarrollo del caso Lava Jato en Perú y la eventual responsabilidad penal de Fujimori.
Expectativa y seguimiento mediático
La audiencia del 27 de agosto representa un hito en el caso de aportes ilícitos vinculados a las campañas de Keiko Fujimori. Mientras el fiscal José Domingo Pérez prepara sus alegatos, la atención se centra en cómo el TC evaluará la validez de las diligencias fiscales y la posible continuidad de la investigación.
La resolución del tribunal no solo determinará los pasos procesales inmediatos, sino que también tendrá implicancias políticas, dado que podría reforzar o debilitar la posición de Fuerza Popular en el escenario nacional.
La ciudadanía y los medios de comunicación permanecen atentos al desarrollo de esta audiencia, conscientes de que cualquier decisión del TC marcará un precedente en casos de financiamiento ilícito de campañas y el manejo de investigaciones de alto perfil.
