La última portada de CARETAS reunió a Gustavo Petro y Nicolás Maduro bajo un mismo foco. No solo por la escalada diplomática de Bogotá contra el Perú en torno a la isla Santa Rosa, sino también por la más reciente “propuesta” de Petro: integrar a los ejércitos de Colombia y Venezuela para combatir el narcotráfico en la frontera común.
En teoría, se trataría de una coordinación inédita para enfrentar al crimen organizado. En la práctica, sin embargo, la paradoja salta a la vista: las mismas guerrillas que hoy operan en la frontera —las disidencias de las FARC, Marquetalia o el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— ya no se sabe si son más colombianas o venezolanas. Sus bases se mueven con comodidad entre Arauca, Apure y Zulia, bajo la lógica de un corredor donde el poder del Estado se diluye y predomina la economía de la cocaína y el contrabando.
Para Maduro, la iniciativa de Petro es oro político. Lo saca de su aislamiento y le permite vestirse de socio legítimo en una cruzada contra un flagelo que, según Washington, él mismo alimenta. Y para Petro, la idea es un salvavidas discursivo: muestra un rostro de acción conjunta frente a un problema que le erosiona credibilidad en casa, justo cuando enfrenta críticas por el crecimiento de la violencia en las zonas cocaleras y la fragilidad de sus acuerdos de paz.
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El problema es que ambos líderes llegan a la mesa con un pasivo imposible de ignorar. Maduro con acusaciones formales de narcotráfico y una recompensa de US$50 millones sobre su cabeza. Petro, con un historial de cercanía política e ideológica con sectores de izquierda armada y con una política de “paz total” que hasta ahora no logra desmontar el poder del narco en las regiones.
La propuesta de integrar los ejércitos luce, entonces, como un ejercicio de retórica más que de viabilidad real. La historia reciente enseña que las FARC disidentes y el ELN han encontrado en territorio venezolano refugio, financiamiento y proyección. Y que en muchas áreas de frontera el límite geográfico es simbólico: lo que existe es un continuo de violencia y economías ilegales.
En el tablero regional, el eje Petro–Maduro dibuja una paradoja incómoda: al mismo tiempo que Estados Unidos moviliza destructores y ofrece recompensas millonarias, dos presidentes vecinos plantean unir fuerzas contra el narcotráfico con actores cuya lealtad y nacionalidad son cada vez más difusas.
