El congresista Jorge Coayla Juárez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea modificar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú para que los presidentes de la República puedan ser investigados y procesados durante su mandato, especialmente por delitos relacionados a la corrupción.
Esta iniciativa nace en medio de la polémica generada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la suspensión de las investigaciones contra la actual presidenta Dina Boluarte, argumentando que la inmunidad presidencial impide que sea investigada mientras ejerce el cargo.
¿Qué propone exactamente la reforma constitucional?
El proyecto de ley N.° 12145/2025-CR busca eliminar las actuales limitaciones para investigar a los mandatarios en funciones cuando existan indicios de delitos vinculados a la corrupción. En el texto, se especifica que el presidente podrá ser investigado y acusado por delitos contra la administración pública, tales como:
- Concusión
- Colusión
- Peculado
- Malversación
- Enriquecimiento ilícito
- Cohecho propio e impropio
- Negociación incompatible
- Tráfico de influencias
El proyecto enfatiza que esta acción se podrá ejercer siempre que existan elementos de convicción suficientes que vinculen al mandatario como autor o partícipe de estos delitos.
Contexto y reacción frente al fallo del Tribunal Constitucional
La propuesta de Coayla surge como respuesta directa al reciente fallo del TC que declaró fundada la demanda interpuesta por la presidenta Dina Boluarte y suspendió las investigaciones en su contra durante su mandato. La presidenta del TC, Luz Pacheco, explicó que esta decisión se basa en la interpretación del artículo 117, que establece la inmunidad presidencial como necesaria para el adecuado ejercicio del cargo y la estabilidad política.
Sin embargo, esta medida ha generado debate en la opinión pública y el Congreso, considerando que actualmente existen varios expresidentes procesados o en prisión por casos de corrupción o delitos relacionados, lo que evidencia la relevancia de contar con herramientas legales para evitar la impunidad.
Impacto y vigencia de la propuesta
El congresista Coayla señaló que para que esta reforma entre en vigencia debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas y publicada en el Diario Oficial El Peruano. De concretarse, el cambio constitucional permitirá a la Fiscalía y al Poder Judicial investigar y procesar a presidentes en ejercicio por delitos graves sin tener que esperar a que terminen su mandato.
Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y la justicia en el país, asegurando que ningún mandatario quede fuera del alcance de la ley por su investidura.
¿Qué dice el artículo 117 actual sobre la inmunidad presidencial?
Actualmente, el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solo puede ser acusado y procesado por delitos cometidos durante su mandato tras un proceso de antejuicio político en el Congreso, y solo en los casos que la misma Constitución permite. Esto implica que las investigaciones judiciales suelen suspenderse mientras el presidente esté en funciones.
El TC, en su reciente fallo, reafirmó esta interpretación para proteger la estabilidad política, aunque abrió la puerta para que las investigaciones continúen una vez terminado el mandato.
¿Qué significa esta reforma para el futuro político de Perú?
De aprobarse, esta reforma constitucional podría significar un cambio histórico en la política peruana, permitiendo un mayor control y fiscalización sobre el mandatario en funciones. Esto es especialmente relevante en un contexto en que la corrupción y la falta de rendición de cuentas han sido factores recurrentes en la crisis política del país.
La medida podría evitar que figuras políticas en el poder evadan responsabilidades legales, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
