El programa Panorama destapó un caso que desnuda las grietas en el sistema de contrataciones públicas del Perú. Una vendedora de desayunos y una exbarrendera municipal figuran como accionistas y representantes de la consultora Grupo Pérgola SAC, empresa que desde 2022 acumuló contratos por más de S/ 2,500 millones con ministerios, gobiernos regionales y entidades estatales. La magnitud de las adjudicaciones contrasta con el perfil económico y laboral de estas mujeres, generando sospechas sobre el uso de testaferros en operaciones multimillonarias.
Contratos millonarios bajo cuestionamiento
De acuerdo con los registros, tras su cambio societario en 2022 la empresa participó en consorcios ganadores de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA) y gobiernos regionales como La Libertad, Huánuco y Ayacucho. También firmó convenios con la SUNAT e Ibermed. Las adjudicaciones incluyeron montos de S/ 212, S/ 489, S/ 380 y S/ 327 millones, cifras que la convirtieron en una de las compañías con mayor crecimiento en corto tiempo.
La vendedora que no sabía ser empresaria
Una de las socias principales es Beatriz Benique Quispe, comerciante de desayunos en Villa El Salvador. Pese a figurar como dueña del 50% de la empresa, asegura no tener conocimiento de los contratos ni haber firmado documentos relacionados. Afirma que vive con apenas S/ 30 diarios, lo que evidencia una incongruencia frente a su supuesto rol como empresaria de alto nivel. En declaraciones al programa periodístico, negó haber prestado su DNI para fines societarios.
De barrendera a gerente de consorcios estatales
El otro caso es Celeste Flores Carrillo, de 27 años, quien pasó de trabajar como barrendera en el municipio de Ancón a ser gerente y representante legal de la firma. No registra estudios universitarios en la SUNEDU ni experiencia en construcción. Al ser buscada por el equipo de investigación, vecinos señalaron que ya no vive en su domicilio registrado, lo que añade incertidumbre sobre su verdadera participación. La trama refuerza los cuestionamientos sobre la falta de filtros en las adjudicaciones estatales y expone cómo el aparato público puede ser manipulado por redes que operan tras figuras prestadas.
