El debate jurídico y político en torno al caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se intensifica. El último jueves 14 de agosto, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Congreso de la República que declare la nulidad del archivamiento de la denuncia constitucional presentada meses atrás contra su antecesora. La respuesta no se hizo esperar: el abogado defensor de Benavides, Juan Peña, descartó la legalidad de dicho pedido, asegurando que “no tiene base legal” y que este tipo de acciones no están contempladas en el reglamento del Congreso.
¿Qué ocurrió y por qué es importante?
Durante una entrevista en Exitosa Noticias, Peña explicó que, en el marco legal peruano —tanto bajo la Constitución anterior como con la vigente— nunca se ha revertido una decisión de archivo tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o por la Comisión Permanente del Congreso.
“La solicitud que se tiene no tiene base legal”, sostuvo el abogado, subrayando que el Parlamento no opera como una Fiscalía ni como el Poder Judicial, sino que se rige por criterios políticos definidos en su fuero.
Según Peña, el intento de Espinoza de reactivar la denuncia constitucional contra Benavides va más allá de sus atribuciones legales, lo que —en su opinión— podría comprometer incluso la institucionalidad del Ministerio Público.
El trasfondo del conflicto: Benavides, Espinoza y el Congreso
La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides se ha intensificado desde que esta última volvió a ocupar funciones como fiscal suprema penal, luego de una controvertida decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que autorizó su reincorporación. Esta resolución fue duramente criticada por Espinoza, quien intentó promover su anulación durante una sesión de la Junta de Fiscales Supremos.
No obstante, su moción no fue respaldada por ninguno de sus colegas. Solo obtuvo su voto. Según Peña, esto demuestra que la solicitud no solo carece de sustento legal, sino también de consenso institucional dentro del Ministerio Público.
“Espinoza quiso enviar a Benavides a la JNJ sin tener base legal para hacerlo”, señaló el abogado.
“Además, intentó inducir a los fiscales supremos a cometer delito. Para mí, eso es sumamente grave”, añadió.
¿Qué dice el reglamento del Congreso?
De acuerdo con Peña, el reglamento del Congreso no contempla la nulidad de una decisión de archivamiento. Al tratarse de una entidad con fuero político, sus decisiones no son equiparables a las de un ente jurisdiccional. En consecuencia, un archivo aprobado por las comisiones correspondientes tiene carácter definitivo dentro del ámbito parlamentario.
“Lo que está pidiendo la fiscal de la Nación no existe en el reglamento”, remarcó el letrado.
Este argumento se convierte en uno de los puntos clave de la defensa de Benavides, quien, según su abogado, no figura actualmente como parte de ninguna investigación penal en curso, a pesar de los múltiples señalamientos en su contra.
¿Qué hay detrás del intento de reabrir la denuncia?
El escenario político y judicial sugiere que este nuevo episodio forma parte de una lucha de poder más profunda al interior del Ministerio Público. Espinoza, en su calidad de fiscal de la Nación, ha anunciado su intención de promover nuevas denuncias contra Benavides, vinculándola a diferentes casos que aún no han sido formalmente judicializados.
Sin embargo, desde la defensa de Benavides se asegura que su clienta no forma parte de las investigaciones abiertas, y que las acciones impulsadas por Espinoza responden a una agenda personal y no institucional.
¿Un conflicto que podría escalar a otras instituciones?
El caso también ha tenido repercusiones indirectas en otras entidades del sistema electoral. Esta semana se conoció que Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, fue elegida como presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao, de cara a las elecciones generales de 2026. Aunque no existe evidencia directa de un conflicto de interés, la noticia ha generado críticas y suspicacias sobre la presencia de la familia Benavides en instituciones clave.
El intento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por anular el archivo de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides enfrenta fuertes cuestionamientos legales y políticos. El abogado defensor de Benavides ha sido enfático: no hay sustento legal ni precedentes para dicha solicitud. El conflicto revela tensiones internas dentro del Ministerio Público y, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre los límites del poder del Congreso frente a decisiones pasadas.
