El Gobierno de Colombia pidió este jueves la liberación inmediata de dos topógrafos detenidos en el distrito de Santa Rosa, Loreto, y rechazó la autoridad peruana en esta zona amazónica. El caso, que ocurrió en medio del diferendo histórico sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, marca un nuevo episodio de fricciones diplomáticas entre Lima y Bogotá.
Según un comunicado oficial de la Cancillería colombiana, los ciudadanos realizaban estudios técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia, cuando fueron intervenidos por autoridades peruanas. Colombia asegura que la detención fue “irregular” y que la zona donde se encontraban no pertenece al Perú.
¿Por qué Colombia no reconoce la soberanía peruana en Santa Rosa?
La posición de Bogotá se sostiene en que la formación fluvial denominada isla Santa Rosa apareció después de la firma del Tratado Salomón-Lozano de 1922 (ratificado en 1929), por lo que considera que su control por parte del Perú es unilateral.
En el comunicado, la cancillería fue enfática:
“El Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores”.
Este diferendo no es nuevo. La isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, ha sido motivo de intercambios diplomáticos recurrentes, aunque hasta ahora no había generado un incidente con detenciones.
La versión colombiana sobre la detención
De acuerdo con la Cancillería, los dos topógrafos estaban en el área cumpliendo labores de medición y planificación para la ampliación de un muelle en Leticia, sin que sus acciones representaran una amenaza a la integridad territorial del Perú.
El pronunciamiento añade que el Consulado de Colombia en Iquitos está brindando asistencia consular a los detenidos, amparándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El objetivo es garantizar que se respete el debido proceso y los derechos de los ciudadanos.
Impacto en las relaciones bilaterales
Aunque Colombia reafirmó su disposición al diálogo, el lenguaje del comunicado refleja una tensión latente. Al desconocer la autoridad peruana en Santa Rosa, Bogotá reabre un debate fronterizo que había permanecido en relativa calma.
El documento señala que las autoridades en Santa Rosa fueron “impuestas de manera unilateral” y que cualquier actuación de estas carece de legitimidad. Aun así, la cancillería subrayó que las relaciones históricas entre ambas naciones deben servir para resolver las diferencias “a través de mecanismos bilaterales”.
¿Podrá este incidente resolverse mediante la vía diplomática o escalará hacia una crisis mayor entre Perú y Colombia?
La respuesta dependerá de las acciones inmediatas de ambas cancillerías. Por el momento, el Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque fuentes diplomáticas señalan que se trata de un procedimiento de control fronterizo en territorio bajo jurisdicción peruana.
Contexto histórico del conflicto
La isla Santa Rosa se encuentra frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), y forma parte de un punto tripartito estratégico en la Amazonía. Aunque los límites fueron definidos hace casi un siglo, el cambio en los cauces fluviales y la aparición de nuevas formaciones han generado interpretaciones distintas sobre la propiedad de ciertos territorios.
El Tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922 y ratificado en 1929, estableció la frontera entre Perú y Colombia en el Amazonas. Sin embargo, para Bogotá, la isla actual no estaba contemplada en el acuerdo original, mientras que Lima sostiene que la zona es parte integral de su jurisdicción.
Escenario diplomático en desarrollo
En la práctica, este incidente coloca a Santa Rosa en el centro de la agenda política y mediática de ambos países. La presión de Colombia por liberar a los topógrafos coincide con un contexto de relaciones frías entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte, marcadas por desencuentros en foros internacionales y posturas divergentes sobre la crisis política peruana.
Por ahora, la atención se concentra en la respuesta que dará la cancillería peruana y en si este caso será abordado en instancias bilaterales o derivará en una controversia más amplia que involucre a la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Corte Internacional de Justicia.
