En la región Pasco, más del 80% de los fiscales trabajan sin nombramiento definitivo, desempeñándose en condición temporal. Esta situación, advierten especialistas, pone en riesgo la independencia de sus decisiones, interrumpe la continuidad de los procesos judiciales y mina la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
El problema no es exclusivo de Pasco. Junín, Huancavelica, Selva Central y Ayacucho también registran altos niveles de jueces y fiscales sin estabilidad, lo que confirma que la precariedad laboral en el sector es un fenómeno generalizado que requiere acciones inmediatas.
Realidad expuesta en sesión descentralizada
Las cifras fueron reveladas durante la III sesión descentralizada de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, que se desarrolló en Huancayo bajo la presidencia de la congresista Maricarmen Alva Prieto (Acción Popular).
En esta reunión participaron jueces, fiscales, autoridades de control, defensores del pueblo y representantes de colegios de abogados. Los asistentes expusieron una serie de problemas estructurales que limitan el acceso de la población a una justicia rápida y de calidad. Entre las demandas más insistentes destacaron:
- Garantizar un presupuesto mínimo constitucional para el Poder Judicial y el Ministerio Público.
- Fortalecer la formación ética de magistrados.
- Aumentar la presencia de jueces de control.
- Reforzar la justicia de paz e itinerante para atender a las comunidades más alejadas.
“No habrá justicia eficiente sin estabilidad”
Maricarmen Alva recalcó que las sesiones descentralizadas permiten conocer de primera mano la realidad regional, evitando que las demandas se reduzcan a simples cifras.
“Si no garantizamos estabilidad en los cargos, presupuesto suficiente y presencia efectiva en todas las regiones, no habrá justicia cercana ni eficiente. Nuestra misión es lograr una reforma que cambie de raíz el sistema en beneficio de la ciudadanía”, señaló.
Hacia una reforma integral
Desde su instalación, la Comisión ha visitado tres regiones del país para recoger testimonios que servirán en la elaboración de un diagnóstico nacional. Este documento será la base para la propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia que pronto será presentada al Congreso.
El objetivo, según sus integrantes, es que la reforma responda a las verdaderas necesidades de cada territorio y tenga como ejes centrales la transparencia, la accesibilidad y la confianza ciudadana.
