En septiembre se cumplirán dos años desde que el grupo parlamentario Renovación Popular, junto con congresistas como Esdras Medina, Noelia Herrera, Diego Bazán y la Municipalidad Metropolitana de Lima, presentó un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal el delito de criminalidad sistematizada, más conocido como terrorismo urbano.
A la fecha, el dictamen aguarda su segunda votación en el Pleno del Congreso, trámite que la bancada celeste considera urgente frente a la escalada de violencia en el país. La vocera Norma Yarrow recordó que incluso el expresidente Donald Trump citó a Lima como ejemplo de una de las ciudades más inseguras del mundo.
Un país atrapado en la violencia
Según Yarrow, Perú ya supera en índices de inseguridad a ciudades como Bogotá y Ciudad de México, resultado de años de descuido gubernamental, improvisación y un sistema de justicia lento y permeable a la corrupción.
La legisladora destacó que, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional, las carencias de recursos limitan su capacidad de respuesta, mientras el crimen organizado se afianza.
¿Qué propone el proyecto?
Las cuatro iniciativas legislativas de Renovación Popular apuntan a endurecer las penas, incluso con cadena perpetua, para autores y cómplices de delitos como sicariato, extorsión, secuestro y otros crímenes graves que, según el planteamiento, atentan contra la tranquilidad pública y generan terror en la población.
La propuesta busca que la figura de terrorismo urbano abarque conductas que hoy se procesan bajo figuras penales separadas, pero que en conjunto forman parte de estructuras criminales sistematizadas.
Historial de medidas de seguridad
La bancada también resaltó que durante el periodo 2024-2025 se aprobaron leyes clave como:
- Ley N.º 32372, que faculta la expulsión de delincuentes extranjeros.
- Ley N.º 32348, que crea el Sistema Especializado en Flagrancia a nivel nacional.
- Ley N.º 32183, que incorpora los préstamos extorsivos en el Código Penal.
- Ley N.º 32182, que sanciona a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia.
Para Yarrow, estas reformas son parte de un shock legislativo en seguridad ciudadana que debe completarse con la aprobación definitiva del proyecto de terrorismo urbano.
¿El Congreso responderá a la presión?
La vocera advirtió que el Congreso tiene ahora una “responsabilidad histórica” para cerrar el paso a la criminalidad sistematizada. “Si no se aprueba este marco legal, se estará dejando a la población expuesta a bandas que operan con lógica de guerra urbana”, enfatizó.
Con el clima de inseguridad en alza y los recientes crímenes que han conmocionado a la opinión pública, el debate sobre la tipificación del terrorismo urbano promete convertirse en un nuevo campo de batalla política en el Parlamento.
