La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas frente a la reciente ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa involucrados en el conflicto armado interno (1980-2000). El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que la norma constituye un grave retroceso en justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La preocupación internacional se suma a las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones civiles en el Perú, que ven en esta ley un riesgo para más de un centenar de sentencias vigentes y alrededor de 600 procesos judiciales activos por crímenes graves.
¿Qué dijo la ONU sobre la ley de amnistía?
En un pronunciamiento oficial, Türk fue enfático: “El derecho internacional prohíbe amnistías para crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”. Según el alto comisionado, esta norma podría frenar investigaciones en curso y anular sentencias firmes relacionadas con delitos de lesa humanidad.
La advertencia no es menor: la ONU recuerda que el Perú tiene compromisos internacionales que lo obligan a garantizar justicia y reparación. Ignorar esos estándares podría llevar al Estado a procesos ante tribunales internacionales.
¿A quién beneficia la norma?
El texto aprobado por el Congreso y promulgado por la presidenta Boluarte busca amnistiar a efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y miembros de comités de autodefensa, siempre que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción grave.
Sin embargo, expertos señalan que la formulación es demasiado amplia, lo que abriría la puerta a que casos emblemáticos queden impunes. Entre los más citados figuran Barrios Altos y La Cantuta, dos masacres atribuidas a agentes estatales, cuyos fallos de la Corte IDH prohibieron expresamente el uso de amnistías.
¿Qué consecuencias podría tener para el Perú?
Si la ley se mantiene sin cambios, el Gobierno peruano podría enfrentar una ola de denuncias internacionales por incumplimiento de tratados y sentencias vinculantes. El costo político también sería elevado, pues reforzaría la narrativa de un retroceso democrático y debilitamiento del Estado de derecho.
El pronunciamiento de Türk incrementa el escrutinio internacional sobre Lima en materia de derechos humanos, en un contexto en que la imagen del Gobierno ya se ve afectada por cuestionamientos a su manejo de las protestas sociales y por tensiones diplomáticas recientes.
