¿Qué ocurrió con el docente César Arirua?
La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto ha iniciado una investigación preliminar por las amenazas de muerte que habría recibido César Arirua, docente bilingüe que labora en la institución educativa n.º 601761, ubicada en la comunidad nativa de Lagartococha, en la quebrada Pucayacu del río Chambira, distrito de Urarinas.
Según la denuncia pública, Arirua habría sido objeto de represalias tras hacer pública la grave situación de infraestructura y acceso a educación que enfrentan los escolares de su comunidad. Además de recibir amenazas, fue separado de su cargo, lo que agravó la vulnerabilidad en la que se encuentra.
¿Por qué la Fiscalía considera este un caso de derechos humanos?
Al tratarse de un posible acto de coacción y hostigamiento contra un defensor de derechos humanos, y de una posible afectación al derecho a la educación de niños indígenas, la Fiscalía de Derechos Humanos asumió el caso conforme a sus competencias.
La fiscal adjunta provincial Alejandra Tello Morales dispuso diligencias clave como tomar la declaración del docente, solicitar al Ministerio de Educación y a la UGEL de Nauta información sobre su situación laboral, y verificar la ubicación del centro educativo para una eventual visita de constatación.
¿Cuál es la situación de los estudiantes en Lagartococha?
La denuncia de Arirua expone un problema estructural: la exclusión educativa que padecen comunidades indígenas en zonas remotas como Lagartococha. Las condiciones precarias, falta de recursos, docentes rotativos y ausencia del Estado son situaciones frecuentes en estas localidades, lo que vulnera los derechos de niñas y niños amazónicos.
Este caso cobra relevancia en el contexto de una creciente preocupación por la seguridad de educadores indígenas que denuncian injusticias en el sistema educativo y que muchas veces no cuentan con garantías para ejercer su labor.
Compromiso fiscal con los derechos fundamentales
La Fiscalía informó que continuará desplegando acciones para garantizar la protección del denunciante, el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia. A través del subsistema especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad, se busca que estos actos no queden impunes y se respeten los derechos de quienes trabajan por el bienestar de las comunidades originarias.
