En el desayuno de trabajo “Amazonía sin petróleo”, realizado esta mañana en el Congreso de la República en Lima, legisladores de Perú, Ecuador y Colombia, miembros de la red Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, junto a dirigentes indígenas presentaron agendas legislativas y demandas comunes orientadas a frenar la expansión de la actividad petrolera en la Amazonía. Entre los puntos centrales destacaron la urgencia de la remediación ambiental, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de iniciar una transición energética justa en la región.
La cita se produjo en un contexto marcado por cifras que evidencian el deterioro de la Amazonía peruana a causa de la industria de hidrocarburos, según cifras oficiales del Estado peruano: entre 1997 y 2023 se produjeron 1.460 derrames de petróleo en el país, de los cuales 831 ocurrieron en la Amazonía. En lo que va de 2025, solo el Lote 192 (ex Lote 1AB) reporta 15 nuevos derrames y su plan de abandono permanece sin ejecución desde 2015. Las comunidades indígenas son quienes soportan los costos sociales y ambientales, sin que existan fondos suficientes para la atención y remediación.
Denuncian aumento de derrames y falta de remediación ambiental en la Amazonía
La congresista Ruth Luque señaló que las iniciativas buscan la prohibición de nuevas actividades petroleras y la remediación de los daños acumulados en lotes históricos como el 192 y el 8. Luque afirmó que el presupuesto destinado por el Ejecutivo a la remediación resulta insuficiente para responder a la magnitud del problema y reclamó el cumplimiento de compromisos con las comunidades alcanzados en mesas de trabajo y procesos de consulta previa. Alertó sobre el avance del agotamiento de los recursos naturales y criticó la visión extractivista que condiciona el desarrollo de los pueblos amazónicos.
Por su parte el parlamentario colombiano, Juan Carlos Losada, relató la complejidad que ha enfrentado su país para debatir la prohibición de hidrocarburos en la Amazonía. Losada subrayó la necesidad de una postura regional, recordando el llamado del presidente Gustavo Petro en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para avanzar de manera unificada hacia el fin de las nuevas explotaciones de petróleo en la Amazonía. El legislador también criticó la ambigüedad de mandatarios de la región, como el presidente brasileño Lula Da Silva, y solicitó que en las próximas cumbres de la región se logre una posición común de defensa amazónica ante la COP30 y otros espacios internacionales.
En tanto, la parlamentaria de Ecuador, Rosa Cecilia Baltazar, informó sobre la presentación de una propuesta de ley —actualmente en revisión en el Consejo de Administración Legislativa— que busca prohibir la explotación petrolera en territorio ecuatoriano. La parlamentaria destacó que a pesar de las presiones y consultas desde sectores empresariales y oficiales preocupados por los fondos para la transición, la iniciativa cuenta con el respaldo de nacionalidades amazónicas y de pueblos indígenas de la sierra y selva ecuatoriana. Baltazar llamó a garantizar la consulta prelegislativa y la participación activa de los pueblos originarios en el proceso legislativo.
En una declaración conjunta, los parlamentarios participantes afirmaron: “Proteger la Amazonía es una cuestión de justicia climática y responsabilidad histórica. Como parlamentarios de países amazónicos, estamos asumiendo el compromiso de liderar la transición energética lejos de los combustibles fósiles, empezando por el lugar donde más daño hacen: el corazón de nuestro continente. Nuestras iniciativas legislativas buscan garantizar que la Amazonía siga siendo un territorio de vida, culturas y biodiversidad, y no una zona de sacrificio para intereses extractivos de corto plazo”.
Organizaciones indígenas advierten sobre el impacto sanitario y cultural del petróleo
Los testimonios de los líderes indígenas recalcaron las consecuencias directas de la actividad petrolera. Robinson Sandi, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), denunció que los supuestos beneficios de la explotación de hidrocarburos “no reflejan la realidad” en las comunidades, donde los impactos han sido letales para la salud, el medio ambiente y la cultura. Sandi recordó la existencia de estudios toxicológicos que demuestran contaminación con metales pesados entre la población, la falta de atención estatal y la criminalización de líderes por exigir derechos. Además, remarcó que la mayor parte de los derrames de los últimos años obedecen a problemas estructurales de corrosión del Oleoducto NorPeruano y falta de mantenimiento en el mismo, y no a sabotajes, como sostienen algunas entidades.
Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), reafirmó la negativa de los pueblos Achuar, Chapra y Wampis a la reactivación de pozos en el Lote 64 y otras áreas. Subrayó que la explotación histórica ha dejado secuelas de contaminación y daños en fuentes de agua, alimentos y territorio. Kunchim compartió como respuesta la creación de cooperativas y proyectos productivos propios, que buscan el desarrollo económico de modo sostenible sin impactos ambientales Presentó la Cooperativa Shakaim de la Nación Achuar, como un ejemplo de alternativa a la economía extractiva.
Por su parte, Eduardo Pichilingue Ramos, Coordinador de la Alianza Cuencas Sagradas, y en representación del Grupo de Trabajo sobre Impacto de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del cual forma parte, destacó que los territorios amazónicos siguen siendo tratados como “zonas de sacrificio” para intereses externos. Enfatizó la necesidad de que los megaproyectos de extracción den paso a alternativas alineadas con la realidad y los derechos de los pueblos. Finalmente, Felipe Tapia, asesor de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), insistió en la falta de empatía y acción real del Estado frente a situaciones de emergencia como los derrames. Tapia remarcó los reiterados incumplimientos de acuerdos logrados en procesos de consulta previa y la necesidad de priorizar la libre determinación indígena, más allá del interés extractivo.
Esta importante actividad fue organizada por Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, AIDESEP, el despacho de la congresista Ruth Luque y el Grupo de Trabajo sobre Impacto de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sumando el respaldo de 18 organizaciones de la sociedad civil.
