El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que revisará los criterios para la designación de congresistas en comisiones clave, tras las críticas por el nombramiento de María Acuña como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a tener una investigación penal vigente.
¿Debe una congresista con investigación fiscal vigente presidir la comisión que evalúa denuncias constitucionales?
Esa es la interrogante que sacude al Congreso de la República luego de que María Acuña Peralta, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), fuera elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia encargada de revisar procesos de juicio político contra altos funcionarios del Estado.
La designación generó rechazo inmediato en sectores de la opinión pública y entre voces del propio Parlamento, debido a que Acuña enfrenta una investigación penal vigente por presunta colusión en su gestión como alcaldesa de la provincia de Chepén. Frente a ello, el presidente del Congreso, José Jerí, señaló que antes de emitir juicio, escuchará la versión de la congresista y revisará si su elección cumplió con los criterios normativos establecidos.
Llamado a revisar criterios y respetar el debido proceso
Durante una conferencia de prensa, Jerí aseguró que se revisarán los criterios aplicados para la conformación de comisiones parlamentarias, especialmente en lo referido a cargos clave como el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Enfatizó que las bancadas tienen la responsabilidad de proponer a sus miembros, pero que estas propuestas deben pasar un filtro que considere no solo la representación política, sino también el perfil ético y legal del congresista propuesto.
“Primero hay que analizar si esos cuestionamientos tienen razón de ser”, expresó Jerí al ser consultado sobre el caso Acuña.
El titular del Legislativo recordó que existen restricciones reglamentarias en el Congreso que podrían impedir la participación de congresistas con investigaciones o sanciones éticas en comisiones sensibles. Por ello, indicó que se solicitará un informe a la asesoría jurídica del Congreso para determinar si la designación de María Acuña vulnera alguna norma.
Rol de las bancadas y responsabilidad política
Jerí fue enfático en señalar que el Congreso debe reflexionar sobre los mecanismos de selección de autoridades parlamentarias. “Las bancadas tienen que asumir un rol más riguroso”, dijo, añadiendo que corresponde a cada grupo parlamentario evaluar la idoneidad moral y técnica de los congresistas que proponen para presidir comisiones.
El caso de María Acuña ha evidenciado nuevamente las debilidades del sistema parlamentario, donde los acuerdos políticos priman sobre los méritos o antecedentes de los legisladores. En este contexto, el presidente del Congreso planteó que se revise también si se cumplieron los requisitos previstos en el Reglamento del Congreso para ejercer funciones de liderazgo dentro de las comisiones.
Posible intervención de la Comisión de Ética
En paralelo, Jerí no descartó que la Comisión de Ética Parlamentaria pueda intervenir si se confirma algún tipo de incumplimiento normativo por parte de la congresista Acuña. No obstante, reiteró que todo congresista tiene derecho a la defensa y a que su situación sea evaluada con objetividad.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene como función central la revisión de denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, incluidos el presidente de la República, ministros, congresistas, fiscales supremos y magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello, la presidencia de esta subcomisión exige no solo imparcialidad, sino legitimidad ética.
Críticas a la designación y casos similares
Diversas voces del Congreso y fuera de él han cuestionado que María Acuña asuma una de las presidencias más sensibles del Parlamento, mientras enfrenta una investigación penal. Además, su cercanía con el líder de APP, César Acuña, y la dinámica de bancadas que buscan asegurar posiciones clave, refuerzan la crítica de que el reparto político sigue por encima del mérito personal.
El caso de Acuña no es el único. Jerí mencionó también el caso de la congresista Digna Calle, quien viene siendo investigada por presunto lavado de activos y que, aun así, ha continuado desempeñando funciones legislativas. En ese sentido, Jerí afirmó que el criterio será el mismo: escuchar primero a los involucrados, revisar los antecedentes y proceder conforme a derecho.
Congreso en crisis de credibilidad
Este episodio se suma a una larga lista de cuestionamientos a la institucionalidad del Congreso, cuya imagen ante la ciudadanía se encuentra en uno de sus puntos más bajos. La elección de autoridades parlamentarias con antecedentes penales, sanciones éticas o investigaciones abiertas, alimenta la percepción de impunidad e informalidad en la política nacional.
La revisión de los criterios para conformar las comisiones es una promesa pendiente desde hace varias legislaturas. Pero en la práctica, la lógica de cuotas partidarias y la debilidad del control ético interno han permitido que figuras con serios cuestionamientos acumulen poder en el Legislativo.
La pregunta sigue vigente: ¿está el Congreso dispuesto a corregir estos errores, o seguirá priorizando acuerdos políticos antes que la ética parlamentaria?
