Una nueva sombra de presunta corrupción envuelve al gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, tras conocerse que su gestión adjudicó una obra hospitalaria de más de S/ 194 millones a un consorcio integrado por empresarios sin experiencia en infraestructura pública, incluyendo un ingeniero civil inhabilitado y una empresaria de apenas 23 años.
La denuncia, revelada por el programa Cuarto Poder, apunta directamente a la cuestionada contratación para la construcción de un hospital en la provincia de Virú, firmada el pasado 8 de julio de 2025. El caso ha generado indignación y alarma en el ámbito político regional, así como entre especialistas en contratación pública.
¿Quiénes integran el consorcio ganador?
El Consorcio Hospital Virú está conformado por tres empresas: JM Constructores Peruanos SAC, propiedad del ingeniero Joel Yangari Cartolín; LC&EC Constructora, de Lucero Coca Condori; y Riva S.A., una firma extranjera con trayectoria.
Yangari posee el 49% del consorcio y figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Su empresa no registra experiencia significativa en la ejecución de obras públicas; apenas ha prestado servicios menores al Estado —como levantamientos topográficos o elaboración de planos— por montos inferiores a S/ 34 mil.
Por su parte, Lucero Coca, con apenas 23 años, ha sido objeto de críticas tras ganar contratos que superan los S/ 300 millones en esta misma gestión regional. La empresa Riva S.A., aunque con antecedentes en construcción, apenas tiene el 1% de participación en el consorcio.
¿Se cumplió con los requisitos de licitación?
Según el especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, la presencia de una firma extranjera con experiencia sirve como “fachada” para permitir que empresas sin trayectoria real accedan a millonarios contratos.
“Esto ya es un patrón: firmas inexpertas que se asocian con compañías sólidas solo para cumplir los requisitos mínimos. Es preocupante”, advirtió. Añadió que el proceso de adjudicación fue altamente cuestionable, ya que de 55 postores, solo dos consorcios llegaron a la fase final, y uno de ellos —el Consorcio Brontes— fue descalificado por una observación subsanable, según su análisis.
“Al Hospital Virú se le permitió corregir errores dos veces. Al otro consorcio lo sacaron sin derecho a nada. ¿Eso es transparente?”, cuestionó.
¿Hay indicios de corrupción?
El consejero regional Robert de la Cruz, una de las voces más críticas dentro del consejo liberteño, denunció que detrás de esta adjudicación existirían intereses ocultos y posibles actos de corrupción.
“Para mí está claro: se está utilizando a personas sin experiencia como gerentes testaferros para adjudicar obras de alto presupuesto. Y lo peor es que cuando denunciamos, nos amenazan de muerte. Responsabilizo directamente a funcionarios del partido Alianza para el Progreso”, declaró de la Cruz.
También advirtió que su vida corre peligro por denunciar estas irregularidades y calificó a APP como “el pulpo de la política” en La Libertad, debido a su capacidad de copar cargos públicos en diferentes niveles de gobierno.
¿Qué responde la gestión de César Acuña?
Hasta el cierre de esta edición, César Acuña Peralta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la adjudicación ni sobre los cuestionamientos del reportaje. La situación ha generado un nuevo escándalo que compromete la transparencia de su gestión y revive críticas históricas sobre cómo ha manejado el poder regional desde su retorno al Gobierno Regional en 2023.
Acuña ya ha enfrentado otras controversias similares, entre ellas acusaciones por beneficiar con contratos a allegados políticos o por contratar empresas sin experiencia real.
¿Qué se construirá con S/ 194 millones?
El contrato adjudicado corresponde a la construcción de un hospital en Virú, obra prioritaria para la región, pero cuyo presupuesto millonario ha despertado sospechas sobre sobrevaloración, direccionamiento de la licitación y deficiencias en el proceso técnico.
Especialistas han pedido la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción para realizar una auditoría del proceso y del perfil técnico del consorcio.
¿Qué pasará ahora?
Diversos sectores han solicitado la nulidad del contrato, mientras que organizaciones ciudadanas de La Libertad preparan una movilización exigiendo la fiscalización del Gobierno Regional.
El caso podría escalar hasta el Congreso de la República o motivar una investigación en la Comisión de Fiscalización, ante la gravedad de los indicios revelados.
Este nuevo escándalo reaviva el debate sobre la ética en las contrataciones públicas y la urgente necesidad de una reforma profunda del sistema de licitaciones, en especial en gobiernos regionales donde el control institucional suele ser débil.
