El Ministerio Público logró una medida contundente contra la inseguridad en la región altiplánica. La Fiscalía Provincial Mixta de Acora consiguió que el Poder Judicial ordene nueve meses de prisión preventiva contra Elizabeth Nina, una efectiva policial investigada por su presunta participación en un robo agravado cometido en el distrito de Acora, Puno. El hecho ocurrió luego de la venta de ganado de una víctima que fue interceptada y agredida por una presunta banda delictiva armada.
La decisión judicial se dio el 3 de agosto de 2025, tras la audiencia solicitada por el fiscal provincial Ernesto Machaca Luque, quien expuso los elementos indiciarios que comprometerían directamente a la suboficial en este acto delictivo.
¿Qué ocurrió en Acora?
El caso que ha encendido las alarmas de la ciudadanía se remonta a días atrás, cuando el ciudadano Herbi Churata denunció que había sido víctima de un robo tras concretar una venta de ganado en el centro poblado de Jayu Jayu, jurisdicción del distrito de Acora.
Churata afirmó que S/ 4800 —producto de dicha transacción— fueron sustraídos en un asalto perpetrado por cinco personas, entre ellas, la hoy investigada policía Elizabeth Nina. El grupo habría actuado con violencia e intimidación, usando armas de fuego. Tras consumar el robo, huyeron en una camioneta, la cual pudo ser identificada gracias al testimonio de testigos que registraron la placa del vehículo.
El Ministerio Público ha precisado que estos elementos han sido clave para sustentar el pedido de prisión preventiva, medida que permitirá continuar con la investigación sin riesgo de fuga ni obstaculización.
¿Por qué es relevante este caso?
El involucramiento de una agente policial en actividad en un presunto delito de robo agravado representa un golpe a la confianza ciudadana en las instituciones del orden. Este no es un hecho aislado en regiones donde, como ha advertido anteriormente la Defensoría del Pueblo, los casos de corrupción y abuso de poder en la Policía Nacional del Perú continúan minando la lucha contra la inseguridad.
Puno, en particular, ha registrado en los últimos años un crecimiento de bandas delictivas locales dedicadas al robo, extorsión y contrabando, muchas veces con participación o protección de malos elementos policiales. La participación de una mujer policía en estos hechos no solo amplifica el escándalo, sino que también pone en el centro del debate el proceso de selección, capacitación y control interno en las fuerzas del orden.
¿Qué medidas ha tomado la Fiscalía?
Según la información proporcionada por la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, el fiscal Ernesto Machaca continúa reuniendo pruebas que fortalezcan la acusación, mientras la Suboficial Elizabeth Nina cumplirá la medida en un centro penitenciario de la región.
El fiscal ha resaltado que el caso sigue en fase de investigación preparatoria y que se están tomando las declaraciones de testigos, además de realizar peritajes técnicos al vehículo utilizado en la fuga.
Asimismo, se investiga si los otros cuatro implicados forman parte de una organización criminal local, lo que podría agravar la situación legal de la investigada.
¿Cómo responde la Policía Nacional?
Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de la suboficial involucrada. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que la agente ya ha sido separada temporalmente del cargo, mientras dure la investigación fiscal y judicial.
Este silencio institucional ha generado preocupación entre la población local, que exige una posición clara y medidas internas ejemplares para evitar que casos como este se repitan. Colectivos ciudadanos de Acora han pedido al Ministerio del Interior que se intervenga a la comisaría local para verificar el accionar de sus miembros.
¿Qué impacto tiene en la lucha contra la inseguridad?
El caso remueve una herida abierta en las regiones más vulnerables del país: la sensación de que el crimen organizado y la corrupción han tocado las puertas de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Para muchos pobladores de Puno, este hecho simboliza la urgencia de reformar los mecanismos de control interno en la PNP, así como fortalecer la acción de la Fiscalía en zonas rurales, donde los casos muchas veces no llegan a buen puerto por falta de recursos o presión local.
En ese sentido, la prisión preventiva contra la agente Nina es vista como un avance en la lucha por erradicar la impunidad, aunque la población espera que la sentencia final esté a la altura del delito denunciado.
