La congresista Flor Pablo Medina presentó un nuevo pedido de vacancia contra Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por considerar que no cumple con el requisito legal de idoneidad moral para ejercer el cargo. La solicitud, ingresada formalmente al Congreso, está sustentada en dos sentencias judiciales firmes por violencia psicológica en perjuicio de su exesposa.
El documento plantea que un funcionario con este tipo de antecedentes no puede seguir liderando el organismo encargado de nombrar, evaluar y ratificar jueces y fiscales en el Perú. La medida busca, además, que se disponga su suspensión provisional mientras se tramite el procedimiento.
Dos sentencias firmes por violencia psicológica
La solicitud de vacancia presentada por Flor Pablo se basa en dos procesos judiciales distintos que terminaron con fallos desfavorables para Gino Ríos. El primero es una sentencia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, y el segundo, un fallo en el marco de un proceso de divorcio por causal de violencia psicológica, ambos consentidos por el propio Ríos.
Según la congresista, estos antecedentes constituyen un impedimento legal para ejercer cargos en órganos constitucionales autónomos, como lo establece la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. En efecto, el artículo que regula los requisitos para integrar la JNJ incluye explícitamente la idoneidad moral, y excluye a personas que tengan sentencias judiciales por violencia contra la mujer.
Pablo enfatizó que se trata de hechos comprobados, documentados y ya reconocidos públicamente por el propio presidente de la JNJ en una reciente entrevista. En esa conversación, Ríos admitió que existían ambas sentencias, lo que contradice las declaraciones que hizo en su postulación ante la Comisión Especial del Congreso, donde omitió información clave y minimizó el alcance del proceso judicial.
Contradicciones y omisiones durante su postulación
Uno de los puntos centrales del pedido de vacancia es la falta de veracidad y transparencia en las declaraciones que Gino Ríos brindó durante el proceso de selección para integrar la JNJ. Según el documento presentado por Flor Pablo, en esa entrevista Ríos dio a entender que el proceso de divorcio seguía en trámite, cuando en realidad ya existía una sentencia firme en su contra.
Asimismo, no hizo mención alguna a la sentencia por violencia familiar, la cual tiene carácter autónomo y constituye un hecho independiente del divorcio. Esta omisión deliberada de información relevante sería, según la congresista, una forma de engañar al sistema de selección, lo que agrava su situación ética y jurídica.
La solicitud también recoge elementos revelados en el reportaje del programa Cuarto Poder, emitido el 20 de julio, donde se detallan los antecedentes judiciales de Ríos y se da cuenta de su comportamiento frente a los medios. Posteriores informes periodísticos confirmaron la existencia de dos procesos distintos, y mostraron las contradicciones en sus declaraciones.
¿Qué dice la Ley Orgánica de la JNJ?
El pedido se sustenta en dos causales contempladas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia:
- Falta de idoneidad moral: definida como la conducta ética y personal del funcionario, que debe estar libre de cuestionamientos graves o antecedentes judiciales incompatibles con el cargo.
- Impedimento legal para ejercer el cargo: que se activa cuando una persona cuenta con sentencias judiciales firmes por delitos de violencia contra la mujer, lo cual está expresamente prohibido por la norma vigente.
Estos fundamentos legales permitirían al Congreso declarar la vacancia del cargo de forma legítima, al margen de procesos penales u otras investigaciones, ya que se trata de una evaluación de condiciones éticas y legales requeridas para la función pública.
Apoyo de otras bancadas y suspensión provisional
Aunque esta es una iniciativa individual de la congresista Flor Pablo, se suma a acciones similares impulsadas anteriormente por parlamentarios como Héctor Acuña, Susel Paredes y Ruth Luque, quienes también cuestionaron la permanencia de Gino Ríos en la presidencia de la JNJ. Sin embargo, esta nueva solicitud pone el énfasis en la causal de idoneidad moral como eje central del argumento.
Además, se solicita que se disponga la suspensión inmediata de Gino Ríos mientras el Congreso debate el pedido de vacancia. “No puede seguir evaluando y nombrando jueces y fiscales de familia alguien que ha sido sentenciado por ejercer violencia psicológica contra su exesposa”, manifestó Flor Pablo.
La congresista también exhortó a la propia Junta Nacional de Justicia a pronunciarse al respecto y actuar con firmeza, ya que el caso afecta directamente la credibilidad de la institución, cuya función es garantizar la integridad del sistema de justicia peruano.
Impacto institucional y necesidad de reformas
Este nuevo escándalo reaviva el debate sobre los criterios de selección y supervisión de altos funcionarios del sistema judicial. Para diversos analistas, el caso de Gino Ríos evidencia lagunas en los filtros de evaluación ética y la necesidad de reformar el proceso de designación en entidades autónomas como la JNJ.
Asimismo, plantea interrogantes sobre los mecanismos de control parlamentario frente a autoridades que, a pesar de tener funciones fundamentales, no son fácilmente removibles sin un proceso político complejo como la vacancia.
En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas, el caso Gino Ríos se convierte en una prueba clave para el Congreso y para la institucionalidad democrática.
