La presencia de un presunto sicario del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional más peligrosa de América Latina, ha generado inquietud en el país. Sin embargo, la respuesta del Ministerio del Interior (Mininter) ha sido calificada por diversos sectores como imprecisa y minimizadora, luego de que el titular del sector, Carlos Malaver, declarara que la llegada del sujeto al Perú “es solo una posibilidad” y que su intención no sería permanecer en territorio nacional.
Durante una conferencia de prensa el viernes 25 de julio, el ministro Malaver fue consultado sobre la presunta entrada a Perú de Alberto Carlos Mejía Hernández, un ciudadano venezolano vinculado a múltiples asesinatos y delitos en el marco de sus actividades como parte del Tren de Aragua. El sujeto fue liberado por error en Chile tras usar una identidad falsa y, según reportes, habría cruzado la frontera peruana.
“Una hipótesis” sin plan de contingencia visible
El titular del Mininter sostuvo que la información sobre la presencia del sicario en el Perú se maneja como una de las hipótesis posibles dentro del trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, aclaró que no hay confirmación oficial ni pruebas concluyentes.
“Es solamente una posibilidad, una hipótesis que no descartamos tampoco, pero toda la Policía está activada y las alertas internacionales han sido dadas por el país de Chile. Otra de las hipótesis es que pudiese haberse desplazado al país de Bolivia”, indicó Malaver ante los medios.
Pese a la gravedad del caso, el ministro no detalló qué acciones concretas está ejecutando su sector ni las unidades especializadas que estarían a cargo de rastrear y capturar a Mejía Hernández en caso de confirmar su ingreso.
Una fuga que expone debilidades en la región
El caso ha puesto en evidencia las fallas en el control fronterizo y el sistema judicial regional. Según reveló la periodista chilena Marcela Rojas, en entrevista con el medio peruano Exitosa, Mejía Hernández fue liberado del penal Santiago 1 tras participar en el asesinato del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, el 13 de junio en Ñuñoa, Santiago de Chile.
El error se produjo porque el sicario utilizó el nombre falso de Osmar Ferrer Ramírez, una identidad que no existe en los registros oficiales. Esta suplantación impidió que las autoridades judiciales chilenas ejecutaran correctamente la medida de prisión preventiva, lo que facilitó su liberación.
La periodista agregó que Mejía Hernández fue parte de un operativo de homicidio por encargo, una de las prácticas habituales de la red criminal Tren de Aragua, que opera en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y, presuntamente, Perú.
Alerta ciudadana ante falta de respuestas claras
El pronunciamiento del Ministerio del Interior ha sido duramente cuestionado por organizaciones sociales y expertos en seguridad, quienes consideran que el Gobierno subestima la magnitud del riesgo. El hecho de que un sicario con historial comprobado de asesinatos esté en libertad y pueda haberse desplazado a Perú debería haber activado protocolos de seguridad más visibles y contundentes.
A pesar de la preocupación ciudadana, el ministro Malaver se limitó a mencionar que las alertas internacionales ya han sido emitidas por parte de Chile y que la PNP está a la expectativa de cualquier novedad. Pero no se han detallado patrullajes especiales, refuerzos en puntos fronterizos, ni operativos de búsqueda en zonas críticas, como Tacna, Puno o Lima, posibles rutas de ingreso y tránsito del sujeto.
¿Quién es Alberto Carlos Mejía Hernández?
Según registros de inteligencia de seguridad regional, Mejía Hernández es sicario y operador del Tren de Aragua, una red criminal nacida en Venezuela que se ha expandido en los últimos años por Sudamérica.
Está vinculado a delitos como:
- Homicidios por encargo
- Extorsión
- Tráfico de armas
- Trata de personas
- Narcotráfico
Se le acusa directamente de participar en el asesinato del empresario chileno en junio de 2025. En redes del crimen organizado, se le identifica como un ejecutor de confianza del ala armada del Tren de Aragua, que cuenta con células activas en varias capitales sudamericanas.
¿El Tren de Aragua ya opera en Perú?
Aunque el Estado peruano no ha reconocido oficialmente la presencia del Tren de Aragua en el país, diversos informes periodísticos, investigaciones policiales y denuncias locales apuntan a que la organización ya ha establecido células en zonas como Lima Norte, Callao y la frontera sur.
Modus operandi similares al del Tren de Aragua, como el “cobro de cupos”, la extorsión a comerciantes y la trata de migrantes venezolanas, han sido documentados por medios locales y organizaciones de derechos humanos. La reciente denuncia de extorsión al circo de la Chola Puca por 10 mil soles es solo una muestra más del patrón.
Exigencias a las autoridades
Diversos expertos en seguridad ciudadana, como Pedro Yaranga y Ricardo Valdés, han coincidido en que la reacción del Mininter carece de planificación preventiva y no se alinea con las amenazas actuales del crimen organizado.
“No se puede esperar una confirmación total para actuar. Las hipótesis en estos casos deben tratarse con máxima precaución y actuar como si fuesen ciertas, porque el riesgo es real”, declaró Valdés para una emisora local.
También se han solicitado acciones coordinadas con Migraciones, Aduanas, Interpol y organismos de inteligencia, además del despliegue de operaciones especiales en las regiones donde el Tren de Aragua podría estar intentando establecerse.
El posible ingreso del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández al Perú ha encendido las alarmas en el contexto de una escalada regional de violencia criminal, pero la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente para calmar la preocupación pública. La ausencia de un plan de acción claro y la minimización del hecho por parte del Mininter revelan una preocupante falta de preparación ante el avance del crimen organizado transnacional.
En un país donde la seguridad ciudadana se encuentra constantemente amenazada por redes de extorsión, sicariato y corrupción, casos como este evidencian la urgencia de una política criminal integral y una estrategia efectiva de control migratorio y fronterizo.
