La madrugada del viernes 25 de julio, un bus interprovincial que cubría la ruta Satipo–Huancayo–Lima sufrió un despiste y posterior caída por una pendiente en el sector de Shigsha, distrito de Palca, provincia de Tarma (Junín), dejando como saldo 18 personas fallecidas y al menos 24 heridos. El accidente ocurrió en uno de los tramos más riesgosos de la Carretera Central, donde se han registrado siniestros viales similares en años anteriores.
La unidad, perteneciente a la empresa Expreso Molina, transportaba cerca de 60 pasajeros, entre ellos adultos, niños y estudiantes que viajaban hacia Lima. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo —de dos niveles— cayó por un barranco de más de 100 metros tras perder el control en una curva cerrada. El impacto fue de tal magnitud que el bus quedó completamente destruido.
Las labores de rescate se iniciaron de inmediato con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). La geografía de la zona dificultó el acceso de las brigadas de auxilio, por lo que vecinos de comunidades cercanas también colaboraron en el rescate de los heridos.
Atención médica y traslado de víctimas
Los heridos fueron evacuados principalmente al Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. Algunos pacientes con lesiones de mayor gravedad fueron derivados al Hospital Daniel Alcides Carrión en Huancayo. El personal de salud de ambos centros informó que la mayoría de heridos presenta politraumatismos, fracturas y contusiones múltiples.
El proceso de identificación de los fallecidos está a cargo del Ministerio Público y el personal forense. Entre los pasajeros se encontraba el consejero regional por Chanchamayo, Yoner Ambicho Aquino, quien resultó herido pero logró sobrevivir.
Investigación y posibles causas
Según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), el bus siniestrado contaba con certificado de inspección técnica vehicular (CITV) y seguro obligatorio (SOAT) vigentes al momento del accidente. Los dos conductores asignados también tenían licencias habilitadas para conducir transporte interprovincial.
Sin embargo, como medida cautelar, la Sutrán ha procedido a suspender la habilitación del bus y de los choferes involucrados mientras duren las investigaciones. Las autoridades manejan varias hipótesis: una posible falla en el sistema de frenos, exceso de velocidad o incluso desgaste de la vía por las condiciones climatológicas.
El Ministerio Público y la Policía de Carreteras han iniciado las diligencias para determinar la responsabilidad del hecho. Además de revisar la hoja de ruta del bus y el sistema de rastreo GPS, se han solicitado pruebas toxicológicas a los conductores y se investiga el historial técnico de la unidad.
Una empresa con antecedentes
La empresa Expreso Molina ha estado involucrada en otros accidentes mortales en los últimos años. En septiembre de 2023, un bus suyo cayó por un abismo en la región Huancavelica, provocando la muerte de 26 personas. Según registros de Sutrán y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa ha sido multada por infracciones de velocidad y servicio informal en varias oportunidades.
El hecho de que la empresa continúe operando a pesar de estos antecedentes ha reavivado el debate sobre la eficacia de la fiscalización al transporte interprovincial, especialmente en zonas de alto riesgo como la Carretera Central.
Zona crítica y advertencias previas
El sector Shigsha, en el distrito de Palca, es catalogado como uno de los puntos más peligrosos de la vía central, debido a sus curvas pronunciadas, falta de iluminación nocturna, señalización deficiente y la presencia de deslizamientos durante temporada de lluvias.
Según datos de la Policía de Carreteras, en los últimos cinco años se han registrado más de 30 accidentes graves en ese tramo, varios de ellos con víctimas fatales. A pesar de estos antecedentes, no se han ejecutado obras de mitigación ni instalado sistemas de protección vial adecuados como barandas o cámaras de control de velocidad.
Reacciones y pedidos de las autoridades locales
Diversos alcaldes distritales y autoridades provinciales han pedido al Ejecutivo que declare la zona como de intervención prioritaria en materia de infraestructura vial, debido a la recurrencia de accidentes. Además, solicitaron a la Contraloría General de la República auditar los contratos y permisos de operación de empresas que han sido vinculadas a siniestros similares.
Por su parte, representantes de la Defensoría del Pueblo exhortaron al MTC a revisar los protocolos de fiscalización y sanción a empresas de transporte interprovincial, señalando que se requiere una reforma estructural para garantizar la seguridad de los pasajeros en rutas de alta demanda como la Carretera Central.
Impacto humano y búsqueda de respuestas
En las afueras del hospital de Tarma, decenas de familiares esperaban noticias sobre sus seres queridos. Algunas personas aún no han sido identificadas oficialmente, mientras que otras han sido trasladadas sin conocimiento de sus parientes debido a la gravedad de sus lesiones.
“Pedimos que se haga justicia y que esta vez no quede en el olvido”, declaró una mujer que llegó desde Chanchamayo para ubicar a su hijo, quien se encontraba entre los pasajeros. Casos como este son frecuentes en accidentes de este tipo, donde la falta de información oportuna agudiza el dolor de los familiares.
El accidente ocurrido en Tarma refleja una problemática constante en el sistema de transporte interprovincial del país: unidades que operan con permisos en regla pero sin control real de velocidad, rutas de alto riesgo sin infraestructura de seguridad, y procesos sancionadores que rara vez concluyen con sanciones ejemplares.
Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, las familias de las víctimas enfrentan el luto, y la sociedad vuelve a ser testigo de una tragedia que pudo haberse evitado.
