El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, enfrenta una fuerte controversia tras revelarse una sentencia consentida del año 2011 en su contra por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. A pesar de las críticas y pedidos para que renuncie a su cargo, Ríos ha sido claro en su postura: no dejará la presidencia de la JNJ y niega que tenga condena penal vigente.
En una reciente entrevista concedida al programa Al Final del Día de Canal N, Ríos afirmó que dicha sentencia se dio en el marco de un proceso de divorcio iniciado en 2004 y que fue dejada consentir por un acuerdo entre él y su exesposa, priorizando la armonía familiar y el bienestar de sus hijos.
“No he sido condenado penalmente. Mi certificado de antecedentes penales está limpio”, aseguró el magistrado, quien además enfatizó que no se trata de un caso de violencia contra la mujer, como muchos han interpretado.
¿La sentencia de Ríos lo inhabilita para presidir la JNJ?
Una de las principales preocupaciones en torno al caso es si la sentencia por violencia familiar representa un impedimento legal para que Gino Ríos continúe en su cargo. Según el artículo 11, inciso E, de la Ley Orgánica de la JNJ, no pueden ser miembros de la institución quienes cuenten con una sentencia consentida por violencia contra la mujer.
Ríos se defiende señalando que la figura de violencia contra la mujer no existía legalmente al momento de los hechos por los que fue sentenciado:
“Los hechos ocurrieron en 2004 y la sentencia fue en 2011. La figura penal de violencia contra la mujer recién fue incorporada en 2015. En mi caso se aplicó la figura no delictiva de violencia familiar, por tanto, no se me puede aplicar retroactivamente una norma que no existía”, argumentó.
Esta explicación ha generado debate entre expertos legales y políticos, ya que algunos consideran que más allá de la tipificación penal, la naturaleza de los hechos sí debería ser tomada en cuenta como causal de inhabilitación.
Ríos insiste: “No renunciaré a la JNJ”
A pesar de la presión pública, Gino Ríos ha descartado cualquier posibilidad de dar un paso al costado. Afirma que su permanencia en la JNJ es una forma de demostrar que el pleno de esta institución actúa con transparencia, independencia y respeto al debido proceso.
“No cederé ante presiones externas. Los siete miembros de la JNJ actuamos con objetividad”, declaró.
“Esta es una oportunidad para que se vea cómo opera el sistema sin interferencias ni favoritismos.”
Además, Ríos confirmó que ha solicitado información oficial sobre su caso para que el pleno de la JNJ lo evalúe con objetividad. También indicó que la magistrada María Teresa Cabrera está a cargo de recopilar el expediente judicial completo, por lo que el tema está siendo tratado internamente.
Investigación preliminar por presunto reglaje a Francisco Távara
Otro punto que ha incrementado la atención mediática sobre la JNJ es la investigación preliminar en el Ministerio Público por un presunto reglaje o seguimiento ilegal al magistrado Francisco Távara, también miembro del pleno.
Gino Ríos confirmó que esta indagación fue iniciada a raíz de las declaraciones del propio Távara y que aún se encuentra en su fase inicial. Aunque no se han dado mayores detalles sobre los alcances del caso, se ha señalado que podría tener implicancias internas dentro de la JNJ, afectando la confianza en el pleno.
¿Qué impacto tiene este caso en la credibilidad de la JNJ?
La polémica en torno a la figura de Gino Ríos no solo plantea preguntas legales, sino también éticas e institucionales. La credibilidad de la JNJ, organismo encargado de la selección y sanción de jueces y fiscales en el Perú, podría verse afectada si no se resuelve con claridad y rapidez este caso.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos han pedido transparencia y coherencia en el tratamiento del tema, ya que la integridad de los miembros de la JNJ es fundamental para el sistema de justicia del país.
