Este jueves 24 de julio de 2025, la Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá de manera semipresencial en el hemiciclo parlamentario. La sesión, convocada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, abordará una agenda cargada de temas urgentes, como la aprobación de un crédito suplementario por más de 642 millones de soles y el debate de varias denuncias constitucionales.
El documento de citación fue firmado por el oficial mayor, Giovani Forno Florez, y precisa que la sesión se iniciará a las 9:00 a.m.. Se espera una jornada intensa de votaciones, ya que están en discusión temas presupuestales, de seguridad ciudadana y procesos judiciales contra funcionarios públicos.
Denuncias contra altos funcionarios: Pedro Castillo y Rosio Torres en la mira
Uno de los puntos más sensibles en la agenda es la Denuncia Constitucional 586, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
Se le acusa de ser instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal. La Comisión Permanente consultará si se otorgan 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar una investigación y presentar un informe final.
También se revisará el informe final de las denuncias constitucionales 456, 361 y 370, presentadas contra la congresista Rosio Torres Salinas por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. La acusación la señala como presunta autora del delito de concusión y de varias infracciones constitucionales. Sin embargo, el informe recomienda archivar la denuncia, lo cual deberá ser votado por los miembros de la Comisión.
Crédito suplementario de S/ 642 millones: seguridad, economía y desarrollo
Entre los dictámenes más importantes figura el Proyecto de Ley 11923, que busca aprobar un crédito suplementario superior a los 642 millones de soles. Este monto serviría para financiar gastos adicionales relacionados con la consolidación económica, la seguridad ciudadana y el desarrollo social.
Esta iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Su debate es crucial para dar continuidad a programas estatales y enfrentar brechas urgentes en diversas regiones del país.
También se discutirá una propuesta para fortalecer la colaboración entre gobiernos regionales y locales con la Policía Nacional, con el fin de mejorar la seguridad en las calles. Esta medida ha sido respaldada por las comisiones de Descentralización y Defensa Nacional.
Otros dictámenes clave: canon minero, salud y prácticas profesionales
La agenda incluye además el Proyecto de Ley 9828, que plantea destinar el 10 % del canon minero al sector Defensa e Interior. El objetivo es reforzar la capacidad del Estado frente a emergencias y desastres naturales, así como mejorar el equipamiento de la Policía Nacional.
Otro dictamen relevante es el del Proyecto de Ley 2344, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación de centros de salud de primer nivel en todos los distritos del país. Esto busca reducir la brecha en el acceso a servicios de salud, especialmente en zonas rurales y de frontera.
Finalmente, se discutirá una propuesta conjunta de las comisiones de Mujer y Trabajo, que incluye los proyectos 5664, 5768 y 5999. Su finalidad es modificar el Decreto Legislativo 1401, a fin de equiparar el voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales en el sector público. Esta reforma busca valorar el trabajo no remunerado de miles de jóvenes en el país.
¿Por qué esta sesión es importante?
Las decisiones de la Comisión Permanente pueden marcar la ruta política de las próximas semanas. El debate sobre el uso de fondos públicos, la atención de demandas sociales urgentes y las respuestas institucionales frente a denuncias por corrupción generan alta expectativa en la opinión pública.
Tanto el caso del expresidente Pedro Castillo como el de la congresista Rosio Torres ponen a prueba la capacidad del Parlamento para cumplir su función fiscalizadora sin impunidad. A su vez, la aprobación del crédito suplementario podría significar un alivio para las regiones que reclaman inversión y atención del Estado.
