La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, bajo la dirección del fiscal Carlos Alberto Palomino Quispe, presidió una emotiva ceremonia de restitución de los restos óseos de ocho víctimas de la violencia ocurrida en el Perú entre 1980 y 2000. Este acto representa un paso fundamental para la justicia y la memoria histórica en un país que aún enfrenta las secuelas de un periodo marcado por la violencia política.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Los restos restituidos corresponden a personas que perdieron la vida en circunstancias violentas, entre 1984 y 1996, en diferentes regiones del sur del país, como Ayacucho, Apurímac y Cusco. Las víctimas, entre ellas Hermelinda Orihuela, Toribio Orihuela, Felícitas Casa y otras cuatro personas, fueron asesinadas presuntamente por miembros del Ejército del Perú durante uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional.
Un acto simbólico en la Basílica Catedral de Ayacucho
La ceremonia se realizó en la Basílica Catedral Santa María de Ayacucho, contando con la participación de familiares de las víctimas, autoridades locales y nacionales, así como representantes de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Este espacio sirvió no solo para la entrega formal de los restos, sino también para ofrecer un reconocimiento y reparación simbólica a quienes sufrieron las consecuencias directas de la violencia interna.
¿Cuál es el compromiso de la Fiscalía de la Nación?
La Fiscalía reafirma su compromiso con los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Este esfuerzo es parte de un trabajo más amplio para garantizar que las violaciones cometidas durante la violencia interna no queden impunes y para honrar la memoria de las víctimas y sus familias.
¿Qué papel cumplen las instituciones en este proceso?
El acto contó con la participación de diversos actores, entre ellos el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, Serapio Miranda; la presidenta de Anfasep, Juana Carrión; y la coordinadora de las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos, Rosario Quico. Además, estuvieron presentes peritos del Equipo Forense Especializado (EFE), representantes del Ministerio de Justicia, del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica. La presencia de estas instituciones demuestra la importancia de un trabajo conjunto y multidisciplinario para abordar las consecuencias de la violencia.
¿Por qué es importante la restitución de restos en el proceso de memoria y justicia?
La restitución de restos óseos no solo es una cuestión legal, sino también un acto de dignidad y reparación para las familias que han sufrido la pérdida y la incertidumbre. Permite cerrar ciclos de dolor y es un reconocimiento de la verdad histórica, fundamentales para la reconciliación nacional.
¿Cómo continúa el Ministerio Público en su lucha contra la impunidad?
El Ministerio Público continuará trabajando para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la violencia interna, garantizando que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Además, reafirma su compromiso de acompañar y apoyar a quienes han sido afectados, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos.
