Ministro del Interior apoya la amnistía para militares y policías: “La persecución judicial afecta el ejercicio de la labor policial”

Carlos Malaver respalda la ley de amnistía y la seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en su lucha contra el terrorismo.

por Edgar Mandujano

El ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, se mostró a favor de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. En su intervención en el programa Prueba de Fuego de RPP, Malaver defendió la normativa y explicó que, a pesar de no ser responsable de la promulgación de la ley, la apoyaba personalmente, ya que considera que es necesario garantizar la seguridad jurídica de los agentes encargados de la seguridad nacional.

El respaldo a la ley de amnistía

En sus declaraciones, Malaver aseguró que, desde su experiencia dentro de la Policía Nacional, apoya la amnistía para policías y militares que enfrentaron un contexto extremadamente violento durante la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990. El ministro resaltó que los agentes de la ley no solo lucharon contra la amenaza terrorista, sino que también enfrentaron las consecuencias de acciones judiciales posteriores que han afectado su reputación y tranquilidad. “Uno que ha tenido 35 años en la institución ya ha podido ver tantas persecuciones. Cuando hay problemas se acuerdan de Dios y de la Policía, pero cuando pasa el problema, se olvidan de Dios, acusan y juzgan al policía”, expresó Malaver.

A su juicio, la amnistía para militares y policías contribuiría a cerrar heridas del pasado, brindando seguridad jurídica y garantizando que los agentes no sean perseguidos judicialmente por el ejercicio de su deber durante los conflictos. El ministro subrayó que los agentes, especialmente aquellos que enfrentaron situaciones extremas en la lucha contra el terrorismo, deben ser protegidos de acusaciones injustas, como las relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

Temor de los agentes de seguridad por persecuciones judiciales

Malaver también mencionó que muchos policías y militares temen usar su arma reglamentaria debido al riesgo de enfrentar consecuencias legales en el futuro. Según el ministro, el temor a la persecución judicial por parte de los agentes es real y afecta su capacidad de actuar de manera efectiva en situaciones de riesgo. “El policía no sabe si va a utilizar su armamento de reglamento, no sabe si mañana o más tarde va a ser perseguido, va a ser acusado e inclusive de lesa humanidad”, indicó.

Este temor, según el ministro, no solo afecta la seguridad pública, sino que también pone en peligro la efectividad de las fuerzas de seguridad, que deben estar preparadas para actuar con rapidez en situaciones de alto riesgo. El temor a las repercusiones judiciales genera una parálisis en los agentes, lo que podría tener consecuencias graves en términos de seguridad nacional.

Malaver contradice al comandante de la PNP sobre joven muerto en protestas mineras

En otro tema relacionado, el ministro Malaver también se refirió a un incidente reciente que involucró la muerte de Alexander Checa Montalvo, un joven de 27 años que perdió la vida durante un enfrentamiento entre mineros informales y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Caravelí (Arequipa). El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, había confirmado que un agente policial fue el responsable del disparo que terminó con la vida del joven. Sin embargo, Malaver contradijo estas declaraciones, mencionando que aún no se podía determinar con certeza la identidad del agente involucrado en el incidente.

El ministro expresó que las hipótesis sobre los hechos eran diversas y que la PNP se allanaba a la investigación preliminar que el Ministerio Público había iniciado. Malaver enfatizó que las investigaciones en curso, que incluyen el análisis de imágenes y otros testimonios, aclararán los detalles de lo sucedido. Según el ministro, el Ministerio Público será el encargado de establecer responsabilidades, y la PNP cooperará plenamente con el proceso judicial.

“Todavía no hay un responsable. El titular de la investigación, que es el Ministerio Público, ha enviado un equipo especial para hacer el esclarecimiento de los hechos”, indicó Malaver, subrayando la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron a la tragedia.

El contexto de la ley de amnistía y la seguridad jurídica

La aprobación de la ley que otorga amnistía a militares y policías por su rol en la lucha contra el terrorismo ha sido un tema controvertido en Perú. Mientras algunos sectores consideran que la ley es una medida necesaria para proteger a los agentes del abuso judicial, otros critican la falta de justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese período.

En este contexto, Malaver defendió la necesidad de una seguridad jurídica para los agentes de las fuerzas de seguridad, mencionando que, aunque la ley no es perfecta, representa un avance importante para garantizar que los agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas puedan desempeñar su labor sin temor a ser perseguidos por decisiones tomadas en el cumplimiento de su deber.

¿Qué implicaciones tiene la ley de amnistía para el futuro de la seguridad en Perú?

El debate sobre la amnistía a policías y militares continúa generando opiniones divididas en la sociedad peruana. Por un lado, el respaldo de figuras como Carlos Malaver refuerza la idea de que los agentes de seguridad deben contar con protección legal para desempeñar su trabajo sin temor a represalias. Sin embargo, la implementación de la ley podría enfrentar obstáculos legales y sociales debido a las tensiones generadas por la violencia política de los años 80 y 90.

Lo cierto es que la seguridad jurídica de las fuerzas de seguridad es esencial para mantener el orden público y la confianza ciudadana en las instituciones. La ley de amnistía es, en este sentido, un paso controversial pero necesario para asegurar que quienes arriesgaron sus vidas en defensa del país no enfrenten persecuciones judiciales por decisiones tomadas en circunstancias extremas.

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