El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.
Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.
El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.
Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal.
Minería informal redefine conflictos sociales en Perú
El auge de la minería informal e ilegal, según el informe presentado en un contexto de protestas de los mineros artesanales e informales en diversas regiones, se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro. La transformación del patrón de producción de este mineral es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales.
El OCM identifica un cambio histórico: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.
Este fenómeno también es resultado del fracaso del modelo de minería impulsado durante los últimos 30 años, con comunidades que no han percibido los beneficios de manera directa y que, en muchos casos, optan por realizar ellos mismos la actividad minera para controlar las ganancias producto de la extracción de los recursos de su propio territorio.
Sin embargo, pese a que predomina una narrativa donde las empresas formales y los actores informales se presentan como antagónicos, estos sectores tienen suelen tener vínculos incluso comerciales, pues el oro ilegal sale “blanqueado” por los puertos del país. Además, ambos sectores, gran minería y empresarios de la MAPE, comparten una agenda común orientada a ampliar lo más posible la frontera de la extracción minera y al mismo tiempo reducir lo más posible las responsabilidades y procedimientos referidos a los aspectos sociales y ambientales. Así lo señaló Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, durante la presentación del reporte.
Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denunció que el régimen de concesiones fomenta el desorden: “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez comparó el modelo peruano con la normativa que se está discutiendo en Colombia, donde se plantea primero delimitar zonas a proteger. En Perú, en cambio, se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
La expansión de la minería informal e ilegal afecta también regiones de norte del país como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas. “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”, denunció.
Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advirtió que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia. El Estado, según Hernando, debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.
Ante este panorama, el Estado debe escuchar las voces de todos los actores en la discusión sobre la nueva Ley MAPE, y no solo a los sectores empresariales ya sean estos de la gran minería o de la pequeña, artesanal o informal. Organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por la contaminación también deben ser convocadas a las instancias de diálogo para que su perspectiva también sea incluida, señaló Maquet en referencia a la discusión sobre el Reinfo.
Resistencia y criminalización
En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social. Situación similar se vive en el valle de Tambo, en Arequipa, ante la insistencia por imponer el proyecto Tía María.
David Velazco, director de Fedepaz, sostuvo que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y criticó el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Además, destacó que la criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, y denunció que los ciudadanos de Islay vienen siendo denunciados por haber acatado un paro durante los últimos meses.
