En una reciente entrevista con Exitosa, el Fiscal Superior en Materia Ambiental, Frank Almanza, alertó sobre un fenómeno preocupante: el narcotráfico ha evolucionado y gran parte de su dinero se ha desviado hacia la minería ilegal. Según Almanza, el aumento en el precio del oro ha provocado que los recursos destinados tradicionalmente a actividades ilícitas como el narcotráfico ahora se inviertan en la minería ilegal, lo que ha generado graves consecuencias tanto sociales como ambientales.
La desaparición de los mineros artesanales: ¿Qué ha pasado con la minería tradicional?
El fiscal también abordó el tema de la minería artesanal, asegurando que hoy en día ya no existe tal actividad como se conocía en el pasado. En lugar de ser una práctica manual y de pequeña escala, la minería actual está completamente industrializada y depende de tecnología avanzada. “La minería hoy en día está completamente basada en tecnología. Ya no existen esos mineros artesanales que trabajaban con pico y carretilla; ahora se utilizan retroexcavadoras, cargadores frontales y camiones para realizar la extracción”, explicó Almanza.
Este cambio ha permitido que la minería ilegal se expanda rápidamente, moviendo enormes cantidades de dinero, mucho más que el narcotráfico. Según el fiscal, la minería ilegal “mueve siete veces más dinero que el narcotráfico” y está presente en zonas de difícil acceso, lo que dificulta cualquier tipo de control o regulación por parte del Estado.
La minería en los ríos: Un riesgo ambiental
El Fiscal Almanza también destacó los peligros que implica la minería en los ríos, un fenómeno que podría agravarse con la aplicación de la Ley MAPE (Ley de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala). Según Almanza, permitir la minería en ríos solo incrementaría los niveles de contaminación y perjudicaría aún más a las poblaciones cercanas a estas zonas. “La minería en los ríos es imposible de permitir en cualquier parte del mundo debido al alto grado de contaminación que genera”, señaló.
La propuesta de la Ley MAPE, que tiene como objetivo formalizar la actividad minera artesanal, se enfrenta a críticas, ya que podría legalizar prácticas altamente contaminantes. Almanza advirtió que el proceso de formalización debe ir acompañado de regulaciones estrictas que protejan el medio ambiente, ya que la posibilidad de que más de 30,000 mineros se formalicen es aún incierta y podría traer consigo un daño irreversible a los ecosistemas.
Proceso de formalización: ¿Un paso en la dirección correcta?
En cuanto al proceso de formalización de los mineros artesanales, Almanza mostró escepticismo sobre su efectividad. A pesar de que el gobierno está trabajando en una mesa de diálogo con los representantes del sector, el fiscal considera que las posibilidades de éxito son bajas sin una legislación clara que permita una transición efectiva hacia una minería más responsable.
El Fiscal Superior Frank Almanza concluyó que, aunque se están tomando acciones para formalizar a los mineros, es crucial que las políticas públicas sean más eficaces y que se tomen en cuenta los impactos ambientales de la minería ilegal. Mientras tanto, el narcotráfico ha encontrado una nueva forma de financiarse mediante la minería ilegal, lo que hace aún más urgente la intervención del Estado para frenar esta creciente amenaza.