El proceso de formalización de los mineros artesanales e informales en el Perú enfrenta un nuevo punto de inflexión. La Defensoría del Pueblo, a través de su adjunto de Medio Ambiente, José Luis Quequejana, cuestiona la reciente exclusión de más de 50 000 mineros informales y denuncia que el plazo de solo seis meses otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es inviable.
En una reunión entre el Ejecutivo y representantes mineros, Quequejana criticó que imponer plazos irrealistas sin una evaluación clara de la situación genera más problemas que soluciones. Recordó que muchos mineros han intentado formalizarse durante más de 13 años sin éxito, lo que evidencia las fallas del sistema actual.
Un censo minero, prioridad nacional
Para el defensorismo ambiental, el primer paso debe ser un censo minero que permita identificar con precisión a quiénes se dirige el proceso de formalización. Sin datos exactos sobre número de beneficiarios, ubicación geográfica y estado de avance en sus trámites, toda política permanecerá fragmentada e ineficaz.
“Se deberían sincerar. Si impongo plazos que sé no pueden cumplirse, estoy generando un problema”, advirtió el funcionario.
El censo no solo definiría el universo real de mineros, sino también podría ayudar a distinguir entre quienes ya cumplen requisitos mínimos y quienes necesitan mayor apoyo técnico y administrativo para ingresar al sistema formal.
¿Por qué cuestionan la exclusión masiva?
La exclusión de más de 50 000 mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) amenaza con generar conflicto social en zonas donde la minería artesanal es una fuente vital de empleo. Regiones como Puno, Madre de Dios, La Libertad, Arequipa y Piura han manifestado preocupación frente a una imposición masiva sin acompañamiento ni diálogo previo.
Quequejana sostuvo que corresponde una evaluación individualizada, ya que no todos los mineros informales están involucrados en actividades ilícitas o ambientales nocivas. De hecho, muchos operan bajo condiciones precarias, pero con intención de formalizarse si cuentan con apoyo institucional.
¿Cómo garantizar una formalización efectiva y justa?
Para que la formalización minera funcione y beneficie tanto al país como a los trabajadores, la Defensoría propone un paquete de medidas integrales:
- Censo nacional de mineros informales: para ubicar y comprender el estado real del sector.
- Cronogramas realistas: con plazos que consideren trámites, asistencia técnica y acompañamiento.
- Capacitación y asistencia: en temas técnicos, administrativos y medioambientales.
- Financiamiento diferenciado: para que los mineros puedan afrontar costos de formalización.
- Enfoque progresivo: dando prioridad a quienes ya están cerca de cumplir requisitos.
- Distinción clara entre minería informal y minería ilegal, evitando sanciones arbitrarias a pequeños productores.
Según Quequejana, estas medidas son esenciales para avanzar hacia una minería responsable y sostenible, en línea con las normas vigentes y los estándares internacionales.
El Estado debe priorizar el diálogo y la estrategia
Desde el ámbito político, la omisión en la convocatoria de la Fiscalía de la Nación a la reunión mediante carta de la fiscal Delia Espinoza, generó críticas sobre la falta de coordinación interinstitucional. Sin la Fiscalía, que investiga posibles delitos vinculados a la minería informal, no se cuenta con un enfoque integral sobre legalidad.
Además, pese a los intentos de diálogo, el Ministerio de Energía y Minas reforzó plazos sin dar señales de ampliar la asistencia técnica ni los apoyos financieros, lo que agrava la sensación de imposición y falta de sensibilidad social.
¿Qué implicancias económicas y sociales tiene este proceso?
La formalización minera no es solo una cuestión administrativa, sino un desafío económico y ambiental. Aumentar la producción formal garantiza acceso a mercados más amplios, mejor control ambiental y mayores ingresos fiscales. Sin embargo, un enfoque ineficiente puede empujar a cientos de miles de mineros a la informalidad o a abandonar su actividad, provocando crisis locales y pérdida de empleo.
Si bien el Reinfo ha registrado más de 70 000 mineros, menos del 10 % ha logrado formalizarse completamente en años. Con plazos tan cortos como seis meses, el riesgo es que solo un pequeño grupo avanzado logre formalizarse, mientras que miles queden fuera y se profundice la desigualdad.
Rol de la Defensoría: fiscalizar por los derechos y el ambiente
La intervención de la Defensoría del Pueblo ratifica su rol de vigilancia del Estado, especialmente cuando los derechos laborales y el ambiente están en riesgo. Al pedir una revisión de la exclusión, Quequejana defiende el derecho al trabajo, al debido proceso y el desarrollo sostenible.
Su propuesta de censo técnico y revisión de plazos responde a una visión más técnica y política, buscando que la formalización sea exitosa, justa y ambientalmente responsable.
La alerta de la Defensoría del Pueblo sobre la exclusión de 50 000 mineros informales pone en evidencia que la solución a un problema de décadas no puede improvisarse. El Estado peruano enfrenta una doble responsabilidad: ordenar la minería informal y proteger los derechos de quienes tributan y producen.
Solo un proceso planificado, con datos, plazos viables y apoyo técnico, podrá evitar más conflictos, garantizar progreso regional y sostenibilidad ambiental. En definitiva, el Perú necesita una formalización minera efectiva, que combine justicia social y responsabilidad ecológica.
