La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) aprobó por mayoría la admisión a trámite de múltiples denuncias constitucionales que involucran a figuras clave del sistema político y judicial del país. Entre los denunciados están la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela; el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda; el exministro del Interior, Víctor Torres Falcón; y exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Estas denuncias, de proceder, podrían tener graves consecuencias políticas y judiciales, incluyendo la inhabilitación, remoción de cargo o incluso acciones penales en el fuero común.
¿Por qué se denunció a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza?
La denuncia constitucional N.º 570, impulsada por congresistas de Renovación Popular, fue aprobada con 11 votos a favor y 2 en contra. Acusa a Delia Espinoza de incurrir en los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, además de la presunta infracción constitucional.
Según el expediente, Espinoza habría ofrecido archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, acusado de obstrucción a la justicia, a cambio de su voto para elegirla como fiscal de la Nación. Ya en el cargo, se le acusa de no haberse inhibido del caso, y de ordenar el archivo de la denuncia, presuntamente obstruyendo a la justicia.
Denuncia contra Alberto Otárola también avanza en el Congreso
La subcomisión también aprobó, con 12 votos a favor y uno en contra, el informe de calificación de la denuncia constitucional N.º 587 contra el ex premier Alberto Otárola Peñaranda. La fiscal Espinoza lo acusa de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Según el informe, Otárola habría favorecido la contratación de una persona con la que mantuvo una relación sentimental, además de presuntos direccionamientos administrativos y contratos con empresas bajo condiciones cuestionables, configurando un presunto delito contra la administración pública. Esta denuncia se acumuló con otras tres (460, 462 y 463).
¿Qué otros funcionarios han sido denunciados?
Además de Espinoza y Otárola, la subcomisión también admitió otras importantes denuncias:
➤ Contra el exministro del Interior, Víctor Torres Falcón
- Denuncia constitucional N.º 593, aprobada con 10 votos a favor y 3 abstenciones. Se le acusa de uso arbitrario del cargo, lo que podría constituir abuso de autoridad.
➤ Contra exmiembros de la JNJ
- La denuncia N.º 544, interpuesta por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, fue admitida solo en parte, con 10 votos a favor. Acusa a los exintegrantes Luz Inés Tello, Antonio de la Haza y Aldo Vásquez de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
- Sin embargo, se declaró improcedente el extremo referido al delito de prevaricato.
¿Qué denuncias fueron rechazadas?
No todas las denuncias lograron admisión. Estas fueron rechazadas por falta de evidencia o sustento legal:
- Denuncia N.º 581 contra el fiscal Franklin Tomy López por presunto peculado de uso, fue declarada improcedente.
- También se rechazó la Denuncia N.º 582, presentada por un ciudadano que no acreditó representar al expresidente Pedro Castillo. Acusaba a la fiscal Patricia Benavides y a jueces supremos por supuestos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
¿Qué sigue en el proceso constitucional?
Las denuncias admitidas serán ahora delegadas a congresistas instructores, quienes elaborarán los informes de fondo tras un proceso de análisis y recolección de pruebas. Entre los delegados se encuentran:
- Jorge Montoya (DC 110)
- Martha Moyano (DC 275)
- Nilza Chacón (DC 403)
- Nelcy Heidinger (DC 520)
- José Jerí (DC 547 y 575)
- Milagros Jáuregui (DC 560)
Las acusaciones involucran delitos como colusión agravada, cohecho pasivo, organización criminal, tráfico de influencias y abuso de autoridad, afectando tanto a exfuncionarios del Ejecutivo como del Ministerio Público.
¿Qué impacto puede tener en la política peruana?
Estas decisiones podrían intensificar las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público, así como entre distintas bancadas. También sientan precedentes sobre responsabilidad política y penal de altos funcionarios, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Además, el caso de Alberto Otárola, por su perfil como exjefe de gabinete, y de Delia Espinoza, por su cargo como titular del Ministerio Público, podrían tener repercusiones en la estabilidad institucional y en el desarrollo de las investigaciones anticorrupción en curso.
