Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), han solicitado a los mineros que depongan sus “actitudes extremas” y se comprometan al diálogo con el Ejecutivo. Ambos líderes consideran que los mineros ilegales podrían estar detrás de las recientes tomas de carreteras en el país.
Las protestas promovidas por pequeños mineros, mineros artesanales e informales han entrado en un cese temporal, tras un anuncio de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) para establecer una mesa de diálogo con el Gobierno. La decisión se produce después de la trágica muerte de un joven en Chala, Arequipa, durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
Las organizaciones mineras han demandado la derogación del decreto que establece el cierre de la formalización minera a través del Reinfo, que vence en diciembre, así como la restitución de los ‘reinfos’ excluidos y la promulgación de la Ley MAPE. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado que no retrocederá en el cierre definitivo del Reinfo, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de un acuerdo.
Luis Villanueva ha señalado que la crisis actual en el sector minero es un problema económico-social que afecta no solo a los trabajadores, sino también al medio ambiente. Ha instado a los manifestantes a dejar de lado actitudes extremas y ha pedido al Ejecutivo que busque soluciones con “altura y respeto”.
Zapata, por su parte, ha resaltado que la minería ilegal mueve alrededor de 8 mil millones de dólares, capital que se destina a actividades criminales. Ha enfatizado la necesidad de distinguir entre mineros artesanales y aquellos que operan ilegalmente, quienes son responsables de la contaminación y la depredación del medio ambiente.
Ambos líderes coinciden en la importancia de un diálogo con los mineros que buscan formalizarse, pero enfatizan que debe haber una línea clara entre la minería artesanal legítima y la minería ilegal. Villanueva ha denunciado que los mineros ilegales explotan a los verdaderos mineros artesanales, dejándolos sin beneficios sociales y sometiéndolos a condiciones laborales precarias.
Zapata también ha advertido que los mineros ilegales están detrás de las protestas que afectan los derechos de otros ciudadanos. Ha afirmado que, aunque la Constitución reconoce el derecho a la protesta, esto no puede interferir con los derechos de trabajo y emprendimiento de los demás. La situación actual en el sector minero requiere atención urgente y un enfoque firme para erradicar la minería ilegal y sus consecuencias.
